Las modificaciones regulatorias de la Creg podrían favorecer al proyecto Hidroituango

El Gobierno Nacional emitiría en las próximas semanas una resolución mediante la cual se busca flexibilizar la regulación para las plantas de energía que actualmente se construyen. Se trata de un ‘auxilio’ normativo en el que se daría vía libre para que los complejos que tengan obligaciones de energía en firme (OEF) puedan entrar al sistema con un avance en su construcción de por lo menos 80%.

Este ajuste en la regulación, que actualmente está en consulta y lo analiza la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), cambiaría de fondo las reglas de juego, pues se daría la “alternativa de permitir incorporar al sistema la energía firme de las plantas que están en un punto de no retorno y cuya capacidad instalada para el inicio del período de vigencia de la obligación, es suficiente”.

En concreto, el Gobierno daría la posibilidad para que los proyectos hidráulicos, eólicos y solares -que están en desarrollo- empiecen a generar su energía y cumplir con sus obligaciones, sin la necesidad de haber finalizado todas las obras. La regulación, si bien beneficiaría a todo el sector, favorecería de entrada a Hidroituango, ahora más que desde EPM han confirmado que, por la contingencia del covid-19, se podría extender su entrada en operación.

“Normalmente, la energía firme que se les asigna no requiere la totalidad de la capacidad instalada para poderla cumplir (...) Lo que estamos diciendo es que si van en 80% de construcción y pueden empezar a generar energía, entonces le damos un año más para que acabe de instalar 100% de la capacidad”, explicó el director de la Creg, Jorge Alberto Valencia Marín, quien ratificó que “no tiene sentido ese castigo a las plantas” cuando ya van a entrar en operación y tan solo “les falta afinar unas unidades o unos aerogeneradores”.

El funcionario confirmó que la medida podría favorecer a Hidroituango, y a otros proyectos que estén en una condición similar. De hecho, fuentes consultadas por LR advirtieron que las nuevas normas se tomarían para no ejecutar las garantías que se podrían generar si se incumple la pérdida del cargo por confiabilidad, la cual establece que, si un proyecto no entra a tiempo, respondería por un año de ingresos por el cargo, como sanción.

La razón por la cual hoy el Gobierno está analizando esa situación obedece a que todavía están prendidas las alarmas frente a las proyecciones de demanda de energía a mediano plazo.

Según el documento que sustenta la resolución, “para los períodos 2020-2021 y 2021-2022 se tienen aún, con la información presente, déficits de energía firme para los escenarios más altos de demanda de energía, mayor en el segundo año que en el primero”.

En esa misma línea, dice el documento, para los años 2022 y 2023 “la ocurrencia o no de un déficit depende en buena medida de que entren en operación todos los proyectos en construcción cuya entrada está prevista para esa época”.

Aunque se cree que las plantas solares y eólicas asignadas en las subastas de 2019 entrarán en el cronograma normal en 2022, todavía hay incertidumbre sobre los plazos del ingreso al sistema de Hidroituango. La razón, según explicaron los expertos, obedece a que todo dependerá de cómo evoluciona la pandemia, y la situación jurídica que enfrentan hoy los constructores.

Es de resaltar que, en junio, el gerente general de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, confirmó en un evento de Andesco que no se entraría en diciembre de 2021, sino en 2022. “Muy probablemente las cuatro unidades generadoras van a entrar en uso y generación para el año 2022. Con esto estaríamos cumpliendo cargos por confiabilidad y Obligaciones de Energía en Firme (...)”, dijo el directivo, quien argumentó, además, que así se evitaría un apagón en el futuro.