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María Fernanda Rojas, ministra de Transporte
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La actualización normativa, liderada por el Ministerio de Transporte, hace parte de la estrategia de modernización del transporte público individual
El Gobierno presentó un borrador de decreto para modernizar el servicio de taxi en el país, la cual incluye un cambio de fondo para el sector: la reposición de vehículos deberá realizarse exclusivamente con taxis eléctricos.
La iniciativa también elimina algunos trámites para conductores y propietarios, amplía garantías económicas y busca facilitar la operación del servicio entre municipios y aeropuertos.
La actualización normativa, liderada por el Ministerio de Transporte, hace parte de la estrategia de modernización del transporte público individual y contempla medidas orientadas a reducir cargas administrativas, fortalecer la libre competencia y mejorar las condiciones de operación para conductores, propietarios y empresas.
Uno de los puntos centrales del borrador de decreto establece que los vehículos que entren a reemplazar taxis que salen de circulación deberán ser eléctricos. Con esta decisión, el Gobierno busca acelerar la transición energética del sector, promover la renovación tecnológica de la flota y contribuir a la reducción de emisiones asociadas al transporte urbano.
La reforma también elimina la obligación de tramitar la Planilla Única de Viaje Ocasional para prestar servicio entre municipios contiguos, salvo que las autoridades competentes demuestren técnicamente afectaciones en la oferta y demanda del transporte. Además, amplía las posibilidades de operación hacia y desde aeropuertos que sirven a capitales departamentales y áreas metropolitanas.
“Estamos modernizando una regulación que debía ponerse al día con las necesidades reales de conductores, propietarios y usuarios. Esta actualización elimina trámites innecesarios, fortalece derechos, mejora la transparencia y nos permite avanzar hacia un servicio de taxi más eficiente, seguro y acorde con los desafíos de movilidad que hoy tiene Colombia”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
En materia de garantías para los propietarios, el proyecto elimina la exigencia del paz y salvo para adelantar determinados trámites de tránsito y transporte y prohíbe cobros relacionados con la desvinculación de vehículos, la expedición de tarjetas de operación, la Planilla Única de Viaje Ocasional o servicios que no hayan sido efectivamente prestados. Asimismo, las empresas deberán entregar extractos mensuales gratuitos con el detalle de cobros y pagos asociados a cada vehículo.
El decreto también amplía de uno a cinco años el plazo para reponer vehículos que hayan sido objeto de hurto, pérdida, destrucción o desintegración, una medida que busca ofrecer mayores garantías patrimoniales a los propietarios.
Paralelamente, incorpora disposiciones para fortalecer la libre competencia, impidiendo que las empresas establezcan condiciones que limiten la vinculación o desvinculación de vehículos.
Otro de los cambios contempla beneficios para conductores que no son propietarios. Según el Ministerio, quienes acumulen años de experiencia en la actividad recibirán puntajes adicionales en los procesos de asignación de nuevas matrículas, con el objetivo de ampliar sus oportunidades para acceder a la propiedad de un vehículo.
La propuesta también amplía de uno a dos años la vigencia de la tarjeta de operación y establece programas obligatorios de formación para conductores en atención al usuario, seguridad vial, prevención de violencias basadas en género, resolución de conflictos y calidad en la prestación del servicio.
Del total previsto, $500.000 millones se financiarían mediante Obras por Impuestos y otros $500.000 millones con aportes de empresarios
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