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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino
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El funcionario dijo que tras la ausencia de las empresas, desde su óptica, hay muestra de poca vocación para el diálogo social
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, durante la radicación del pliego de peticiones de los trabajadores del sector carbón, se mostró alineado con los enfoques que se presentan esta negociación, pues desde desde su óptica, reclaman derechos laborales e incorpora los de justicia ambiental, territorial y de género. Además, consideró que por parte de las empresas hay poca vocación de diálogo social.
“Significa poner a tono esta negociación que inicia, en el contexto del debate político que enfrenta el país. Se va a realizar una acción coordinada entre los ministerios del Trabajo y de Minas y Energía, para velar por los derechos de los trabajadores del sector minero, de hidrocarburos y eléctrico”, comentó el funcionario
Destacó que esta negociación tiene lugar después del incremento salarial para los empleados públicos, que, tal como lo señaló, fue una negociación multinivel en la que se unificaron los pliegos, se seleccionó una comisión negociadora y "una sola mesa de negociación que ya empieza a entregar resultados, para la cual se probó por primera vez el Decreto 243 de 2024”.
“Eso mismo queremos que ocurra en el sector minero; saludo a los compañeros de las organizaciones sindicales que se pusieron de acuerdo para trazar una línea de negociación colectiva. Me sumo al registro de la ausencia de las empresas, es un mensaje negativo que indica la poca vocación de diálogo social. Por supuesto que el Ministerio va a hacer uso del mecanismo de convocatoria tripartita, para que el esfuerzo hecho por los trabajadores y sus organizaciones sindicales se dirija a consolidar un escenario de diálogo social y de concertación de derechos”, dijo.
El funcionario siguió la línea discursiva que se ha mantenido a lo largo del presente Gobierno Nacional y consideró que “hay quienes quieren anclarse en la precarización laboral, en modelos económicos que pisotean la dignidad de los trabajadores, de los ciudadanos y los territorios, y hay otros que queremos colocar a Colombia en la perspectiva de convertirla en una potencia de la vida, que significa modificar la matriz energética del país y sustituir una economía extractivista por una economía para la vida, para la productividad y para la esperanza de la humanidad”.
Sanguino mencionó que “esta negociación ocurre en un contexto importante para el país, como lo es el debate de la reforma laboral" que, a su manera de ver, "se pronuncia a favor de una transición justa, donde se protejan derechos y se garantice una reconversión laboral con justicia laboral y social; en favor de la promoción de los empleos verdes y empleos azules; sobre medidas de protección reforzada para la mujeres en el mundo laboral y en defensa del derecho a la negociación colectiva por parte de los trabajadores y trabajadoras”.
“La reforma laboral ha sufrido una suerte de bloqueo institucional en el Congreso de la República y un ataque inmisericorde por parte del establecimiento tradicional económico y político del país, y es por eso que la respuesta del gobierno y del presidente, es no cruzarnos de brazos y acudir a la soberanía popular para que sea ella la que imponga esta reforma laboral negada”, opinó el ministro.
El proyecto de reforma laboral radicado por el Gobierno no avanzó en el legislativo y los senadores que no acogieron la propuesta expusieron que era un cambio únicamente con vocación para aumentar los beneficios a la población que ya contaba con un contrato formal, pero dejaba en el olvido a casi 60% de la fuerza trabajadora que hoy día está en la informalidad.
Acopi, gremio que representa a las micro pequeñas y medianas empresas, ha enfatizado en que, tal como se proponen las reformas desde el Gobierno, este tipo de unidades productivas serían las más vulnerables y su supervivencia en el mercado estaría en riesgo, pues no cuentan con el músculo financiero para hacerle frente al incremento en costos de nómina como los ajustes en pagos de dominicales y festivos y horas nocturnas.
Gremios con la Andi y Fenalco además señalaron en otras oportunidades que, tras horas de reuniones y aportes ante los representantes del Gobierno, los dos textos de reforma laboral radicados ante el Congreso no acogieron las observaciones ni los consensos a los que se había llegado.
En ese mismo contexto, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, estimó en hasta $700.000 millones el costo de la consulta popular propuesta por el presidente, Gustavo Petro, un ejercicio que también ha suscitado críticas, pues se le considera un gasto oneroso de recursos públicos mientras el Gobierno ha tenido que hacer recortes en el Presupuesto General de la Nación, ha incumplido metas de recaudo tributario y no descarta presentar una reforma tributaria.
La propuesta de la consulta popular coincide con un periodo en el que comienzan a configurarse las campañas electorales de cara a la Presidencia en 2026, por lo que este sería uno de los tópicos que empieza a movilizar opinión e intenciones de votos entre la ciudadanía.
Las obras se realizarán en distintos lapsos y según informó la entidad, las aerolíneas fueron informadas con seis meses de anticipación
La calificadora expresó que hubo reformas tributarias recurrentes pero sin “cambios sustanciales”, señalando que la tributación no aumentó de forma significativa
La entidad de recaudo expresó que el agendamiento previo es obligatorio y debe realizarse únicamente a través de su página oficial
