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“Con esta Ley pretendemos regular el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Así podremos intervenir y organizar la dispersión de fuentes y tener mayor control, también prohibir la contratación a dedo, obligar a hacer contrataciones públicas donde haya muchos oferentes y buscar que sean los mejores los que se presenten, para garantizar transparencia y eficiencia”, afirmó Parody.
Esta ley busca crear la Agencia Nacional para la Alimentación Escolar (ANA), que operará el programa de alimentación en aquellas regiones más vulnerables y donde alcaldías y gobernaciones, decidan que no tienen la capacidad de hacerlo.
“Mediante este proyecto se busca eliminar cualquier posibilidad de que se presenten mafias. Además se estandarizarán los precios, con estudios de mercado. Esto quiere decir que se va a buscar que se entregue lo mismo que una madre le incluye en la lonchera a su hijo”, agregó la Ministra.
Un reporte de Mineducación indica que existe una dispersión de recursos: hay seis fuentes de donde sale la plata y esto permite que haya desarticulación, falta de control, y duplicidad en la atención del servicio de alimentación escolar. Todas estas fuentes suman $1,5 billones.
“De esta forma se garantiza tener un solo responsable y lograremos una unidad de ejecución. Es decir, todos los recursos van a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) o a la ANA en un encargo fiduciario y existirá una prohibición legal para contratar alimentación escolar en municipios no certificados”, explicó la jefe de la cartera de educación.
Pero este anuncio se vio opacado por la denuncia que hizo la senadora Sofía Gaviría quien en entrevista con La W dijo que la propuesta presentada por Parody “presenta coincidencias textuales en la mayoría del articulado” con un proyecto que ella había presentado y que se había socializado con el Ministerio desde mayo del año pasado, por lo que dijo sentirse “decepcionada y desilusionada” pues sería un plagio lo que presentó la ministra Parody.
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