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En caso de ser encontradas responsables, podrían ser multadas hasta por 700 Salarios mínimos legales vigentes
La Superintendencia de Transporte dio a conocer que abrió una investigación preliminar para determinar si siete empresas no devolvieron dineros de reposición vehícular a los propietarios.
Se trata de unas indagaciones a raíz que el Gobierno Nacional expidió el decreto 575 de 2020, mediante el cual se previó que “durante el término de la emergencia sanitaria (…) los propietarios de los vehículos están habilitados para retirar hasta el ochenta y cinco por ciento (85%) de los recursos aportados a los programas periódicos de reposición con el fin de garantizar un ingreso mínimo”.
Bajo este panorama, la entidad detectó que ya se recibieron reiteradas quejas de varios propietarios, en las que se indica que las empresas hacían caso omiso a sus solicitudes de devolución de dineros del fondo de reposición.
De acuerdo con la Superintransporte, se abrió investigación a la Cooperativa de Transportadores del Sur del Tolima Ltda., la Cooperativa de Transportadores del Medio Magdalena Ltda., la Empresa Corta Distancia Ltda., la Taxis Furatena S.A., la Flota San Vicente S.A., la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. y el Expreso de Transporte Colectivo del Oriente.
"El Gobierno Nacional ha desplegado muchos esfuerzos para aliviar la situación económica generada por la pandemia y, en esa línea, la Superintendencia de Transporte verificará el cumplimiento de las mismas”, dijo el superintendente, Camilo Pabón Almanza.
La Superintendencia destacó que en caso de ser encontradas responsables, las empresas de transporte de pasajeros por carretera podrían ser multadas hasta por 700 Salarios mínimos legales vigentes, por cada uno de los cargos imputados.
"Contra la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos, no procede recurso alguno. En el curso de la investigación administrativa, que se hará con estricto apego a la ley, se decidirá la responsabilidad de los investigados de acuerdo con los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa", dijeron.
También se hará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos actualmente vigentes
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