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Con el fin de evitar actos de corrupción y conductas que atenten contra los derechos humanos de los reclusos y contra la disciplina en los centros de reclusión, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) suspendió a 78 funcionarios de sus cargos en el 2012.
A su vez, fueron destituidos 29 servidores penitenciarios, 12 multados, 3 recibieron amonestaciones escritas y 30 fueron absueltos en sus respectivos procesos. Todo esto es con el fin de combatir la corrupción y la violación de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios y en las regionales del país. El incumplimiento del horario, abandono del cargo, maltrato a la población reclusa, corrupción y no acatar la orden de un superior, fueron las fallas disciplinarias por las cuales se tomaron medidas. El general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, Director del Inpec, decretó la emergencia disciplinaria en la entidad a principios de 2011.
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