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Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, presentará los cambios del Gobierno para los servicios públicos
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El Gobierno socializará los cambios con la comunidad de Tumaco, Nariño, para mejorar la propuesta en la reforma a los servicios
El ministro de Minas y Energías, Andrés Camacho, se reunirá hoy con la Asamblea Popular de Usuarios de Energía y Servicios Públicos del Pacífico, en Tumaco, Nariño, para cambiar las condiciones en la prestación del servicio en los municipios.
De acuerdo con Minminas, la reforma, que deberá ser aprobada por el Congreso, tiene por objetivo mejorar la eficiencia y el cumplimiento con los servicios para las comunidades. "Este es un problema estructural, que implica varias alternativas. Una de ellas tiene que ver con la transformación del modelo tarifario del país", dijo Camacho.
En principio, la reforma se enfocará en la problemática de los mínimos vitales para las poblaciones económicamente vulnerables que no pueden pagar el servicio público, pero que tienen derecho a ellos. "Entonces, el Estado -como por mandato constitucional- tiene que garantizar la prestación de estos recursos", dijo el ministro.
En segundo lugar, una vez establecida la universalidad de los servicios públicos, buscarán brindar herramientas de veeduría ciudadana y clasificar a los usuarios de acuerdo a criterios del Departamento Nacional de Planeación, DNP, sin tomar en cuenta el Sisben.
Por último, establecerán los mínimos vitales para otros servicios, como el internet, que ha sido debatido como un servicio público domiciliario, con la suma de poder a la Superintendencia de Servicios Públicos, Superservicios.
Anteriormente, el superintendente, Dagoberto Quiroga, explicó que el Estado busca regular los abusos en los cobros y el incumplimiento al debido proceso de los prestadores de servicios. Sin embargo, admitió que estas entidades han aportado al desarrollo del sistema.
Así, el Gobierno plantea cambios en la Superintendencia de Servicios Públicos para tener herramientas adicionales en el ejercicio del control de los precios, sumado a las medidas del Gobierno para enfrentarse al fenómeno de El Niño. También vincularán en el proceso a fuentes no convencionales de energía renovable.
Aunque no está previsto cambiar la Ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, el Gobierno plantea los cambios bajo mandatos constitucionales, evitando los vacíos normativos actuales.
De acuerdo con Quiroga, "se están cometiendo abusos y hay malas prácticas, no de todas las empresas, ni que sea privada o pública, porque las malas prácticas existen en tanto en lo privado como en lo público. Vamos a escuchar a la gente porque tenemos muchas quejas, pero a veces no es que se tenga que cambiar la norma, sino que se tiene que hacer cumplir".
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