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El Ministerio de Trabajo expidió una resolución en la que ordena a entidades públicas dar prioridad a empresas contratistas que tengan mayor numero de empleados en condición de discapacidad, en caso de resultar un empate en un proceso de licitación.
Según el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, se debe incluir en los pliegos de cualquier proceso de contratación pública el contenido de la determinación de la Corte Constitucional para dar cumplimiento a los principios establecidos en la norma.
El funcionario explicó que para hacer uso de este criterio contemplado en el artículo 24 de la ley 361, las empresas deberán certificar en el Ministerio de Trabajo que tienen no menos del 10% de personas discapacitadas y que estas llevan más de un año vinculadas a la compañía.
Pardo advirtió que su despacho estará atento y verificará que se cumpla con las disposiciones dirigidas a promover el respeto de los derechos al trabajo y la igualdad de la población de colaboradores discapacitados.
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