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Colprensa

En los últimos días, Colombia ha sido 'bombardeada' con diversas declaraciones nicaragüenses sobre el uso que ese país les daría a los cerca de 75 mil kilómetros cuadrados de mar en el Caribe que le reconoció la Corte Internacional de Justicia el pasado 19 de noviembre.

Sin embargo, Colombia aún tiene claro que la frontera con el país centroamericano es el meridiano 82 y hasta que no se agoten los recursos jurídicos que establece el Derecho Internacional, es como si esa porción marítima todavía no se hubiese concedido formalmente.

En ese sentido, el internacionalista de la Universidad del Rosario Giovani Reyes sostiene que “ese terreno está en litigio todavía. Pero hay un problema y es que Colombia debe reconocer la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Esto no implica que se acepte el fallo, por lo que debe hacer Colombia es utilizar los recursos que están a su disposición”.

El analista agrega que desconocer el fallo de la Corte implicaría que otras naciones que han salido desfavorecidas en conflictos limítrofes con Colombia, comiencen a no aceptar la jurisprudencia por la cual Colombia tiene parte de su territorio.

“La Canciller (María Ángela Holguín) debe mantener las decisiones del Estado por fuera de los micrófonos, esto puede favorecer las decisiones que Colombia tome para proteger sus intereses”, puntualizó el académico.

Más allá de las especulaciones, el Gobierno Nacional ha estado pendiente del tema. Según la ministra de Exteriores, hasta el momento seis firmas internacionales de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Colombia están asesorando al Ejecutivo en el siguiente paso a dar ante el tribunal internacional.

El pasado miércoles la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores -compuesta por ex Presidentes, ex cancilleres y miembros de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara- analizaron las alternativas que tiene nuestro país frente al fallo.

Según la senadora Alexandra Moreno Piraquive, miembro de la Comisión Segunda y quien estuvo presente en la reunión, Colombia puede echar mano de dos recursos: el de interpretación y el de aclaración. La congresista agrega que para un correcto proceder, Colombia debe instaurar ante la Corte un recurso de aclaración del fallo “para que explique las incoherencias que hay en la decisión jurídica”.

No obstante, advirtió que más allá de los concejos de la Comisión Asesora, “el único que tiene la potestad sobre esos asuntos es el Presidente de la República. Él ya está preparando una alocución, posiblemente para esta noche (jueves), para mostrarles a los colombianos la estrategia que se adoptará en el futuro ante el tribunal internacional”.

Piraquive explica que el fallo no se entiende y que hay contradicciones con la misma jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, pero advierte “que el recurso de aclaración no reversa la decisión. El fondo del fallo solo lo puede reversar si se acciona la vía de la revisión pero para ello deben existir hechos nuevos que en este momento no tenemos”.

El proceso entre la aclaración, la revisión y un fallo definitivo puede demorarse hasta 10 años más, por lo que la tensión entre los dos países puede continuar en aumento.

Hasta el momento el Ejecutivo no hace un pronunciamiento oficial, se especula que podría hacerlo en las próximas horas.

La explotación de hidrocarburos en la zona en litigio

Pese a que Nicaragua asegura que ya está concesionando zonas petroleras en el área concedida por la Corte Internacional de Justicia, la canciller aclaró que las únicas zonas que el país centro americano ha concedido son las de Isabel y Tyra, del lado nicaragüense de la frontera.

Así mismo, la jefe de las relaciones diplomáticas colombiana le pidió a ese país que deje de ofertar bloques de explotación de hidrocarburos en áreas que pertenecen a Colombia y se mantuvo en su posición de que todavía la frontera entre los dos países es el meridiano 82.

De igual forma se conoció que Costa Rica solicitó una audiencia ante las Naciones Unidas para denunciar que las pretensiones petroleras de Nicaragua también afectan territorio marítimo de ese país. Petición a la que, al parecer, se va a sumar Colombia.