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La entidad adscrita al Ministerio de Hacienda señaló que urge un pronunciamiento de la Superintendencia.
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En una carta dirigida a la Superservicios, la entidad expresó que Air-e había solicitado la flexibilización de sus condiciones de crédito
La empresa de servicios públicos Air-e le debe a Findeter $44.625 millones, los cuales están divididos en tres cuotas, y cuya mayor parte corresponde a intereses, así lo manifestó la entidad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda.
En una carta dirigida a la Superintendencia de Servicios Públicos, la entidad expresó que Air-e había solicitado la flexibilización de sus condiciones de crédito, con la finalidad de normalizar su cartera. Sin embargo, la autorización del ente supervisor impidió que se llevara a cabo el proceso.
"Estamos a la espera del pronunciamiento por parte de esta Superintendencia, toda vez que por la medida de suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión, se hace necesaria su autorización para cancelar créditos respectivos en las condiciones propuestas por Findeter", dijo Diana María Bustamante, agente interventora, según Findeter.
Además, recalcó a la Superintendencia que las obligaciones crediticias de Air-e y el no pago de estas generan "serios perjuicios económicos" a Findeter, "afectando su capacidad operativa y financiera".
"Esta situación compromete el flujo de recursos necesarios para respaldar nuevas iniciativas en sectores y además, la falta de pago deteriora la cartera, incrementa el riesgo financiero, y sus provisiones contables de capital e intereses, que a la fecha alcanzan la cifra de $180.000 millones y limitan la posibilidad de reinversión en programas que benefician al país", expresó la entidad financiera.
La entidad adscrita al Ministerio de Hacienda señaló que urge un pronunciamiento de la Superintendencia, con la finalidad de que Air-e pueda efectuar los pagos adeudados, y de esa manera, cesen las "consecuencias adversas" para Findeter.
Cabe resaltar que anteriormente el mandatario había anunciado que las concesiones viales que se reviertan o lleguen a su vencimiento serán administradas directamente por el Gobierno Nacional
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