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El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía explicó las propuestas de la entidad para reducir la pobreza y la informalidad en el país
Dentro de las reformas a la política social de Fedesarrollo se encuentran cambiar la forma en la que se financia el esquema de salud, y la creación de una renta mínima pero focalizada a ciertos hogares ($35.000 mensual por cada adulto menor de 65 años en el hogar-de manera no condicionada- y $35.000 por cada menor de 18 años, siempre y cuando asistan al colegio y chequeos de salud).
“La creación de un seguro de desempleo para los empleados informales y plantear una reforma sustancial en este esquema que no tiene cobertura universal hacia uno que tenga cobertura universal, además de reformas para incentivar la formalización y la reducción de pobreza”, aseguró Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.
Dentro de las reformas a la protección de los adultos mayores, se plantea remplazar el programa Adulto Mayor por la entrega de un auxilio de tres líneas de pobreza extrema correspondiente a $412.000 mensuales, a los adultos mayores de 65 años que no tengan actualmente o en el futuro una pensión contributiva del régimen obligatorio actual.
Según Mejía, esta medida se podría implementar de forma inmediata, eliminando la pobreza en los adultos mayores. De hecho, según Fedesarrollo, otro de los inconvenientes del contrato social actual es que no existe como tal, especialmente en salarios bajos, una cobertura del riesgo de desempleo y además, en el riesgo de desprotección en la vejez, el contrato social solo cubre 25% de los adultos en edad de pensión a través de una pensión contributiva y a 18% con una entrega de solo $80.000 mensuales.
En materia de pobreza, según Fedesarrollo el contrato social en Colombia es deficiente pues 52% de los hogares pobres son excluidos de las transferencias y ayudas directas del estado. Cerca de 60% del gasto en subsidios se destina a población no pobre, siendo los de peor focalización lo s de pensiones (2,6% del PIB, 90% a población no pobre) y los de servicios públicos (0,5% del PIB, 81% a población no pobre.
“Colombia en esto ha hecho unos avances muy importantes el problema a corregir es la forma en al que se financian a través de impuestos al empleo formal esa cobertura en el régimen contributivo” agregó.
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