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De acuerdo con la Alcaldía, dos acciones populares que buscaban tumbar la reforma al sistema de salud de Bogotá, así como el proceso de enajenación de las acciones de la ETB, fueron negadas.
“Al mismo tiempo, el Consejo de Estado, en un pronunciamiento de segunda instancia, avaló las gestiones del Distrito para proteger a los habitantes de calle luego de la exitosa intervención del Bronx”, cita el comunicado.
Por su parte, la secretaria jurídica del Distrito, Dalila Hernández, manifestó que de esta manera se demuestra que las decisiones del alcalde Peñalosa "están ajustadas al derecho y a la legalidad".
La Alcaldía aseguró que el primer fallo es referente a la acción popular interpuesta por el concejal Hollman Morris, mediante la cual pretendía reversar el proceso de modernización del sector de la salud por considerar que transgrede y amenaza los derechos e intereses colectivos de los bogotanos a la moralidad pública.
“El juez 47 administrativo negó las pretensiones y con esto nos permite tener claridad sobre el proceso de modernidad en la salud que se viene desarrollando”, señaló Hernández.
También se negó una segunda acción popular interpuesta por Germán Calderón España contra Bogotá y la ETB por considerar que con la enajenación de sus acciones igualmente “se vulneraban los intereses colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa”.
Hernández se refirió al pronunciamiento del Consejo de Estado sobre los habitantes de calle, ya que en un fallo de segunda instancia a una acción de tutela le dio la razón al Distrito por la forma como se ha adelantado la estrategia de atención a esta población.
“Según el alto tribunal se ha actuado con diligencia con la coordinación de todas las entidades del Distrito involucradas en este tema y le ha solicitado continuar con este plan integral de intervención de los habitantes de calle”, concluyó la funcionaria.
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