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Para la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, el fallo de responsabilidad fiscal también pone en riesgo el proyecto
Ante la decisión de la Contraloría General de la República de proferir fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones en el caso Hidroituango contra 26 personas naturales y jurídicas, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, cuestionó la determinación que tomó el órgano de control y aseguró que este accionar podría afectar la confianza inversionista en el sector de infraestructura.
"Por la enorme magnitud e importancia del proyecto Hidroituango -una de las obras de ingeniería más ambiciosas de América Latina en la actualidad- la confirmación de un fallo como este se constituye en un precedente extremadamente preocupante que tendría el efecto de erosionar la confianza de los inversionistas en el sector de infraestructura, además de poner en riesgo el proyecto mismo", aseguró la SAI.
La Sociedad de Ingenieros indicó además que "la enorme magnitud de los supuestos daños causados por impericia grave, gravita sobre el buen nombre de empresas que, a lo largo de muchos años, han participado con éxito notable en obras de infraestructura en Colombia y en el exterior. En este momento no es posible medir las consecuencias financieras, pero ellas pueden ser devastadoras. También gravita sobre personas naturales de extensa tradición de servicio comunitario y público, afectando sin duda su reputación y su estabilidad financiera y personal".
Vale mencionar que este es uno de los mayores casos de imputación de responsabilidad fiscal en la historia colombiana, pues de los 28 investigados, solo dos quedaron exentos de responsabilidad: el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; y Jorge Mario Pérez Gallón, miembro de la junta directiva de Hidroituango (por Idea).
La Contraloría explicó que el fallo responde porque dichas inversiones en el proyecto, con corte a junio de 2019, excedían 114,94% el valor que fue inicialmente planteado para el proyecto. Además, explicaron que hay una responsabilidad por el lucro que se vio afectado luego de que el proyecto no haya comenzado a generar energía desde noviembre de 2018.
Frente a este tema, la SAI señaló que "la Contraloría basa buena parte de su fallo en fundamentos que revisten gravedad suma. En efecto: Suponer que los presupuestos y los conceptos iniciales de obras complejas de ingeniería, cuya construcción toma años, son definitivos e inmodificables. La realidad es que ellos se elaboran a partir de conocimientos limitados que se complementan con los que se allegan en el desarrollo de las obras".
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