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TRANSPORTE Este mes se reactivarán las obras del la Ruta del Sol III cuyo avance es del 30,9%
viernes, 8 de noviembre de 2019

El otrosí que el Gobierno se había comprometido a firmar desde abril fue radicado en la Superintendencia de Sociedades. El trámite duraría 10 días.

Adriana Carolina Leal Acosta

Pasados seis meses desde que el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se comprometieron a firmar el otrosí con el que se podrán reactivar las obras del tercer tramo de la Ruta del Sol, este documento finalmente fue radicado ante la Superintendencia de Sociedades el pasado martes.

De ese modo, se espera que transcurridos aproximadamente 10 días hábiles dicha propuesta sea aceptada por la mencionada entidad y, de ese modo, se puedan reiniciar inmediatamente las intervenciones que llevan más de dos años paralizadas.

Esto significaría que se retomarían frentes de obra a lo largo de 330 kilómetros y se harían 70 kilómetros de vía, dado que según los registros oficiales, el avance logrado hasta 2017 era de apenas 30,9%.

Una vez se le dé luz verde al otrosí, la firma italiana Salini Impregilo, que asumió el control del ‘epesista del proyecto’ (constructor), tendrá que cancelar lo que le deben a los contratistas que adelantaron obras hasta 2017.

En concreto, esta compañía le debe $128.500 millones a un grupo de 200 contratistas, la mayoría de ellos con pequeñas y medianas empresas regionales, quienes están reclamando dicho dinero desde el momento en que se dio la suspensión del proyecto.

Cabe aclarar que Yuma S.A., la concesionaria original, de la que hace parte Salini Impregilo como uno de los socios principales, será el encargado de terminar la carretera.

Esto, como parte de un acuerdo que adelantaron la ANI y el Ministerio de Transporte con los empresarios, dado que según ha manifestado Carlos García, vicepresidente de la mencionada agencia, el país no cuenta con la capacidad financiera para adelantar estos trabajos por su propia cuenta, en caso de que el contrato finalmente fuera caducado.

De hecho, según García, en el caso de que este acuerdo no se lleve a cabo, la concesionaria debería pagar una multa de aproximadamente $80.000 millones, mientras que terminar la carretera cuesta alrededor de $2,3 billones, costo que debería ser asumido por el Estado.

LOS CONTRASTES

  • Carlos Mariano RodríguezRepresentante del grupo de acreedores

    "Llevamos esperando dos años el pago años el pago y muchas de las empresas han llegado incluso a la quiebra. Esperamos que se le de celeridad al proceso en la superitendencia".

Sin contar con que el detrimento sería mayor al tener en cuenta que se debería abrir una nueva licitación, cuya sola estructuración tomaría meses, de modo que la carretera se demoraría al menos un año y medio más paralizada.

Lo anterior, tomando el ejemplo de la Ruta del Sol II, cuya liquidación del contrato fue ordenada en 2017 pero ese proceso todavía no se ha completado y, además, la licitación nueva que abrirá la ANI esta programada para el primer semestre de 2020.

Este acuerdo está sujeto a que la concesionaria consiga $400.000 millones por su cuenta, que estarían garantizados por Salini Impregilo, de modo que junto a los $1,9 billones que reposan en la fiducia actualmente, por cuenta de los peajes y otros rubros, habría los recursos suficientes para terminar la carretera sin que el Estado tenga que poner un peso extra.

No obstante, para lograr ese balance financiero la ANI retiró cinco de las 14 variantes que contempla construir el proyecto original, de modo que la Nación más adelante tendrá que hacer esos tramos a través de una nueva licitación o con el Invías.

Los otros procesos que el Gobierno todavía mantiene abiertos

Hasta donde se conoce, el proceso de caducidad que la ANI estaba adelantando con este contrato continúa surtiendo trámite de manera paralela, el cual sería levantado cuando el mencionado acuerdo con la concesionaria, a través del otrosí, quede refrendado. Según la ANI, esto se habría decidido para que, en caso de que la negociación no llegara a buen término, el Estado no perdiera tiempo abriendo el caso. Por otro lado, el proceso judicial en contra de los antiguos representantes legales de la concesión sigue en pie.

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