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Justamente en el ranking de las peores calificadas se encontraron la Alcaldía de Cúcuta, con 1,6 puntos (de 1 a 5), la Gobernación del Tolima, con 1,7, la Alcaldía de Arauca (1,8), el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (Iccu) (1,8) y la Gobernación de Arauca (2).
En dicho estudio se revisaron 45.001 procesos de selección y se tomó una muestra de 1.180 que estaban relacionados con infraestructura, de los cuales 1.246 fueron adjudicados por un valor de $1,52 billones.
De acuerdo con el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, una de las principales razones por las que se presentó el patrón en el que se rajan los entes territoriales es la adjudicación de contratos a únicos oferentes habilitados.
De hecho, según se reportó, 71% de los procesos en los departamentos fueron adjudicados de esta manera, 87% en las ciudades capitales y 35% en Bogotá, principalmente por cuenta de la contratación de las alcaldías locales de la capital.
“En la medida en que más oferentes aparecen en los procesos contractuales, mejor calificadas quedan las entidades. Las condiciones habilitantes a veces son manipuladas por los funcionarios en aras de que se conduzcan los procesos a los únicos oferentes que terminan siendo los adjudicatarios, y esa es la regla que prima en los entes territoriales”, aseguró Caicedo.
En Cúcuta, por ejemplo, cuatro de los cuatro procesos que adjudicó la Alcaldía en 2016 tuvieron un solo oferente que finalmente se convirtió en el contratista de dichas obras públicas que se presupuestaron en $6.213 millones.
Igual sucedió con los tres contratos que se firmaron con la Gobernación del Tolima por $3.938 millones, los 19 de la Alcaldía de Arauca por $61.825 millones y los 14 de esa misma Gobernación que ascendieron a $68.396 millones.
Pero se presentó una excepción a la regla con los siete procesos del Iccu que costaron $28.925 millones, de los cuales dos tuvieron entre dos y tres oferentes y tres tuvieron cuatro o más.
En esta entidad, sin embargo, los procesos presentaron deficiencias principalmente frente a los requisitos habilitantes y los procesos de ponderación, lo cuales representaron 90% de la calificación otorgada por la Cámara de Infraestructura.
Según el analista de infraestructura y socio de la firma Infraestructura Legal, Francisco Suárez, “siempre es deseable que haya pluralidad de oferentes para que el Estado se beneficie de la sana y leal competencia entre los proponentes”.
Según el socio líder de asesoría en servicios financieros para la región de Deloitte, Javier Lancho, estos generen utilidades para los contratistas y se vuelvan atractivos para ellos.
Pero para Caicedo, parte de la solución también depende que el Congreso apruebe el proyecto de ley sobre el pliego tipo, con el que se estandarizarían las condiciones habilitantes de los contratistas, de modo que las condiciones sean iguales para todos los jugadores
Los que salieron bien calificados en contratación fueron la Aerocivil con una nota de 4,5 seguida por el Instituto Nacional de Vías (Invías), con 4,3 puntos, y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que sacó 4,2. En cuanto a la categoría de consultorías e interventorías se encontraron el Invías (4,8), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y IDU (ambos con 4,6), y la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga (con 4,3) como las mejores.
El escándalo de Odeberch no afectó a la ANI
Pese a las grandes dificultades a las que se ha enfrentado la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por el escándalo de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, la calificación de la CCI en cuanto a los procesos de curso de méritos abiertos fue la segunda más alta obteniendo 4,6 de 5. Según Juan Martín Caicedo, la razón es que este caso se relaciona solo a dos contratos en específico y no al total y que, además, la ANI no se ha visto involucrada directamente.
Las opinones
Juan Martín Caicedo
Presidente de la CCI
“En la medida en que más oferentes aparecen en los procesos contractuales, mejor calificadas quedan las entidades”.
Francisco Suárez
Socio de Infraestructura Legal
“Es deseable que haya pluralidad de oferentes para que el Estado se beneficie de la sana y leal competencia entre los proponentes”.
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