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Con el fin de salvaguardar el derecho que tienen los internos a comunicarse en las cárceles, la Corte Constitucional ordenó que en un plazo máximo de seis meses, tanto el Ministerio de las TIC como el Inpec, tendrán que mejorar los sistemas de comunicación y telefonía.
La idea es que se implementen los cambios necesarios para garantizar estos servicios al interior de las cárceles del país. Según el fallo, se debe posibilitar la entrada de llamadas "ajustando económicamente a las ofertas del mercado y a las condiciones económicas de los reclusos".
Pero se debe hacer un control adecuado para evitar el surgimiento de actividades ilícitas, que se pueden realizar por vía telefónica. Porque las tarjetas prepagadas se usan constantemente para extorsionar a las personas desde las cárceles.
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