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Entre enero y septiembre del año pasado llegaron US$356 millones en remesas provenientes de Venezuela, siendo el tercer país con el mayor número de envíos.
Agustín Andrés Rincón Montero es uno de los venezolanos residentes en Bucaramanga que se pregunta cuál será el límite de las decisiones de su país respecto a las medidas cambiarias que están afectando a los venezolanos.
La última medida dada a conocer por la nación vecina tiene que ver con la suspensión del envío de remesas familiares a personas que residen en Colombia, situación que también afecta a los cerca de un millón y medio de colombianos que residen en Venezuela y envían dinero al país.
Para las fuentes consultadas las razones son claras: no hay dólares para comprar y adicional a ello, la transacción se convirtió en un gran negocio, en donde incluso “había familias que vivían de eso”.
Sin embargo para los más de 200 venezolanos residentes en Bucaramanga y para los locales que recibían pagos desde Venezuela, situación es incierta.
“Hubo reducción de las remesas para estudiantes en el exterior y una disminución adicional para los venezolanos que tuvieran que surtir alguna calamidad familiar. Por el tipo de cambio, se está presentando que algunos estudiantes que viven en Bucaramanga tenían que recurrir a matricular solo algunas materias del semestre porque además regía un tope de transacción de hasta US$3.000 dólares al año por persona, lo que no alcanza para cubrir la matrícula y los gastos”, dijo Rincón Montero.
El negocio de las remesas
Tanto para quienes enviaban las remesas como para quienes las recibían, los trámites para hacer la operación eran cada vez más complicados.
Los papeles incluían enviar una fotocopia de la cédula, una carta de residencia apostillada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y fotocopia de un servicio público para ambas partes, y estos llevarlos a una entidad cambiaria.
Sin embargo, dicho trámite podría tardar entre dos semanas y un mes.
Tras la aprobación de los papeles se podía depositar el dinero y el residente en Colombia obtenía una clave para revisar por internet su transacción. Lo máximo que se podía recibir por transacción eran US$300 dinero que se entregaba en pesos. Es decir, en ese proceso se consignaban 5.000 bolívares con una tasa de cambio de dólar a valor real que era de 6,30, al cobrar, la persona recibía casi $600.000 que volvían a cambiar a bolívares, es decir, tres veces la inversión del depósito.
“Hubo mucha gente que comenzó a falsificar documentos con tal de cobrar las remesas debido al cambio de moneda y por los mismos chanchullos que se presentaban en las instituciones. Incluso gente de la misma gobernación pedía un montón de plata para hacer los documentos, cobraban hasta 25.000 bolívares por trámites, y por la carta de residencia cobraban hasta 5.000 bolívares”, aseguró una venezolana a Vanguardia Liberal.
El gobierno venezolano admitió que el fraude en todo este proceso se estima en US$3.000 millones.
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De acuerdo con el Gobierno, las medidas incluyen visitas a termoeléctricas, monitoreos semanales y posibles incentivos al usuario
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