"El proceso de restitución no se puede quedar en los juzgados", René García

Tras un exhaustivo análisis de lo que ha sido hasta ahora esta política, mediante la cual se busca que miles de familias que fueron despojadas de sus propiedades, en medio del conflicto armado, puedan recuperarlas, la Fundación Forjando Futuros puso en evidencia seis grandes cuellos de botella que, según ellos, obstaculizan el acceso de las víctimas al sistema.

Así mismo, cuestionó que de las 54.063 solicitudes presentadas desde 2012, tan solo 372 se han convertido en fallos, es decir apenas un 1,7%.

Se trata de problemas que para la Fundación obedecen a un exceso probatorio, falta de reclamaciones por parte de las víctimas, así como de restituciones colectivas y administrativas.

Ante este panorama, Colprensa conversó con el director de la Unidad de Restitución de Tierras en Norte de Santander, José René García, sobre las consecuencias que ha traído la lentitud del proceso en el departamento, teniendo en cuenta que este ha sido uno de los más golpeados por el conflicto y como tal la expectativa es mayor.

El funcionario reconoció que existen fallas que complican la aplicación de la norma, pero aseguró que los problemas no obedecen propiamente al trabajo que debe desempeñar la entidad, sino a la falta de fortalecimiento de las instituciones que hacen parte del proceso y la debilidad del aparato judicial.

-¿Por qué el proceso de restitución de tierras se ha dado ‘gota a gota’, como dice la Fundación Forjando Futuros?
La Unidad de Restitución ha estado expuesta a algunas personas que en determinado momento no apoyan el proceso y aprovechan las debilidades de las instituciones que deben acompañar el proceso para cuestionar el trabajo que hacemos. No sabemos si es que no conocen el trabajo o lo hacen de mala fe y terminan echándonos la culpa de todo, pero en realidad hay que aclarar que la restitución de tierras tiene varios componentes y cada uno de ellos tiene sus aristas.

-¿Cuáles son esos componentes?
Uno es el proceso administrativo que está a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y que tiene que ver con el análisis y el estudio de las solicitudes que hacen las personas que consideran que han sido despojadas de sus tierras y su respectiva inclusión o no en el Registro. El otro es el proceso judicial que deben asumir los jueces y magistrados encargados de conocer las demandas que nosotros presentamos y sobre las cuales dictan la sentencia. La última etapa es el postfallo, que consiste en el cumplimiento de las órdenes impartidas por los jueces y magistrados. Sin embargo, cuando la gente dice que el proceso de restitución de tierras no da los resultados y el impacto que debería, no se detiene a analizar todos esos componentes.

-¿Y en cuál de estas etapas se encuentra la mayor debilidad para que el proceso no avance como se esperaba?
Si las instituciones que acompañan el proceso de restitución de tierras como la Fuerza Pública, el Igac, la Oficina de Instrumentos Públicos y el Incoder, no están fortalecidas, es como una rueda con un palo atravesado que no puede avanzar.

-¿Qué problemas tienen, por ejemplo, en materia de seguridad?
Desde el principio se estableció que la Fuerza Pública debía darnos la seguridad tanto a los funcionarios como a las víctimas reclamantes y garantizar la seguridad del lugar donde van a retornar, pero esta no fue fortalecida. Inicialmente ni siquiera habían establecido qué grupo era el que iba a acompañar el proceso. Aquí (en Norte) nos nombraron dos grupos de policías para acompañar el proceso, 32 hombres, pero a ellos ni siquiera les dieron vehículos, motos o un rubro especial para combustible. Nosotros enviamos una comunicación al Ministro de Defensa porque nos falta fortalecer el acompañamiento para que esto funcione, pues hay que tener en cuenta que nosotros estamos liderando el proceso en zonas no consolidadas o que sufren actualmente conflicto.

-Usted también hace énfasis en los retrasos que han tenido por cuenta del Igac, ¿a qué se deben y qué tanto afectan el proceso?
Instituciones como el Igac, que nos tiene que suministrar la información para la identificación de los predios, tampoco han sido fortalecidas adecuadamente. Entonces, la información todavía está en unos medios antiguos, hay información cartográfica por rehacer, y por más que quieran dar una respuesta oportuna las solicitudes tienen demoras.

-¿Cuántas solicitudes están en trámite?
El año pasado nosotros analizamos 520, este año la meta son 600 más.

-¿Y por qué tan solo 12 fallos en dos años?
Esa pregunta uno se la trasladaría a los jueces y magistrados: ¿Qué ha ocurrido si se presentaron tantas demandas? ¿Por qué hay tantas demoras? ¿Qué otras ocupaciones les están estableciendo a los jueces y magistrados? Yo había sugerido respetuosamente que no los pusieran a conocer de tutelas, que los fortalecieran con más auxiliares, porque el proceso en sí es complejo y no se puede quedar en los juzgados.

-Entonces, ¿los jueces y magistrados no están dedicados exclusivamente al proceso de restitución?
No, ellos conocen segunda instancia de tutelas y de otros procesos y nosotros lo que necesitamos es celeridad en el proceso de restitución. Aquí (en Norte de Santander) tenemos solo dos jueces y hay más de 300 demandas radicadas; este año pensamos presentar 300 más. Entonces, ¿cuándo van a terminar esos procesos? El juzgado va a colapsar.

-¿Y ustedes han insistido para que se le ponga atención a ese tema?
Nosotros sugerimos que crearan el Tribunal de Santander, porque a los magistrados de Cúcuta los pusieron a conocer también de los procesos de Santander y cuando se abra Arauca también van a tener que estudiar esos casos y son solo tres magistrados. Recordemos que el proceso de restitución de tierras tiene un 80% de oposición y los magistrados conocen de todos los procesos donde hay oposición, lo que quiere decir que ellos no van a dar con tanto trabajo. También sugerí hace rato la creación del juzgado de Ocaña, porque es donde estoy abriendo zonas para restituir.

-¿Han tenido alguna respuesta?
Ahorita hicieron una reestructuración, pero ni si quiera incluyeron personal, lo que hicieron fue una reorganización de magistrados que estaban en zonas donde todavía no hay suficientes demandas.

-¿No estaba preparado el aparato judicial para este proyecto tan ambicioso?
No, no lo estaba porque la ley es nueva. Pero igual, en el tiempo que ha corrido no se han tomado muchas decisiones. Nuestra meta no pueden ser los fallos, porque eso no depende de nosotros, eso depende de los jueces y magistrados, pero cuando la gente juzga el proceso de restitución de tierras, juzga es cuántas sentencias hay.

-¿Esto quiere decir que no se están cumpliendo los cuatro meses que establece la norma para aprobar una restitución?
Si uno analiza, el proceso de restitución de tierras sí se está demorando más de los cuatro meses.

-¿Las personas que ya salieron favorecidas con los fallos de restitución, han retornado, han recibido todo lo que se ordenó en la sentencia?
Nosotros sí tenemos personas retornadas, pero no han recibido todo. Esa ya no es competencia de nosotros, porque cada institución comprometida con el proceso debe responder.

-¿Si todo este engranaje no reacciona en el corto plazo, el proceso de restitución puede colapsar?
Pienso que no va a ocurrir eso. Este proceso de restitución tiene los ojos del mundo puestos en él. Lo que sucede es que la restitución está avanzando en un proceso de conflicto y la Ley fue diseñada pensándose en un postconflicto, por eso ha sido un reto. Entrar a zonas como Tibú, con todos los problemas que tiene, es muy difícil.

-¿En qué momento calculaban ustedes ver los resultados de este proceso?
Los picos más altos estaban proyectados entre 2015 y 2018, pero si estas instituciones no están fortalecidas entonces no vamos a tenerlos.

-¿En vista de tantas dificultades y de la falta de resultados, cree que las víctimas se pueden desmotivar?
Lamentablemente la costumbre de las comunidades es esperar a que vayan unos a experimentar y según como les vaya, vamos nosotros, porque ha habido mucho escepticismo en las políticas públicas anteriores para la población desplazada. Esta Ley 1448 tiene muchos beneficios y requiere ser fortalecida y posicionada para que la gente crea en el proceso.

-¿Cuántos fallos esperan que se puedan dar este año?
Esperaría que por lo menos salieran las 67 que se presentaron en 2012 y ojalá unas 30 o 40 de las que se presentaron en 2013.

Impulso a las solicitudes
Aun cuando una de las críticas que se le ha hecho al proceso de restitución de tierras es el bajo número de solicitudes radicadas en todo el país (15%), José René García aseguró que la Unidad de Restitución de Tierras viene liderando una campaña en las zonas más afectadas por el conflicto, para que las víctimas presenten sus reclamaciones.

Así las cosas, en los próximos días la regional tendrán jornadas de atención en terreno en Otraré, Tibú y Ábrego. De igual forma, en lo corrido del año han aumentado las zonas microfocalizadas, es decir, aquellas donde las condiciones de seguridad permiten dar vía libre al proceso de restitución.