El presidente Gustavo Petro objetó el proyecto de Ley que revivía los días sin IVA

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El presidente Gustavo Petro objetó completamente el proyecto de ley que revivía los días sin IVA, creados durante el gobierno de Iván Duque para impulsar el consumo durante la recesión que generó la pandemia. De este modo, el proyecto se devuelve al Congreso de la República.

Así lo aseguró el representante a la Cámara del partido Centro Democrático, Christian Garcés, quien manifestó que la razón del Gobierno para objetar la ley aprobada este año es que carecía de aval fiscal del Ministerio de Hacienda. La información fue confirmada a LR por la misma cartera económica.

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"Nos ratificamos en que no requiere aval fiscal porque depende del Presidente de la República autorizar los días sin IVA. El impacto fiscal será el análisis económico que el gobierno de turno haga para beneficiar el bolsillo de los colombianos", dijo el representante Garcés.

El parlamentario espera que el Congreso de la República ratifique el proyecto de ley y que los tres días sin IVA queden como una política Estado en Colombia.

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"Lamentamos que el Gobierno actual no quiera apoyar sobre todo a familias de bajos ingresos que pueden programarse a ahorrar para comprar elementos tan importantes para su calidad de vida como son vestuario, elementos eléctricos para su hogar, elementos deportivos, insumos agrícolas en nuestros sectores del campesinado colombiano, entre otros productos que constantemente se compran en Colombia", agregó Garcés.

Antes de que se aprobara la conciliación de este proyecto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había reaccionado al avance que había tenido el proyecto de ley.

"El día sin IVA es un pésimo negocio para el Estado, pero peor para los industriales colombianos, porque lo que se compra son bienes importados", dijo el funcionario en su momento.

Según datos entregados durante el Gobierno de Duque, en el día sin IVA las ventas alcanzan a ser cercanas a $10 billones, de los cuales cerca de 40% de las ventas son de productos que no tienen el beneficio y el otro 60% efectivamente queda sin el gravamen. Esos cálculos se traducen en un costo fiscal cercano a $1,2 billones por la medida.