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HACIENDA

El presidente Gustavo Petro dispara los costos fijos con el salario vital de $2 millones

lunes, 29 de diciembre de 2025

Aumento del salario mínimo se decretó por 23% y quedó en $1.750.905 para 2026

Foto: Gráfico LR

El Ejecutivo decretó un ajuste de 23%, el más alto aplicado en una sola vigencia en la historia reciente, es decir, el sueldo mínimo será de $1.750.905

El Gobierno confirmó que el monto del salario mínimo para 2026, que por tercer año consecutivo salió por decreto y no por consenso en la Comisión de Concertación. El Ejecutivo decretó un ajuste de 23%, el más alto aplicado en una sola vigencia en la historia reciente, es decir, el sueldo mínimo será de $1.750.905.

Con esta decisión, el sueldo pasará de $1.423.500 a $1.750.905. Por su parte, el auxilio de transporte se situará en $249.095, quiere decir que en total el salario mínimo quedaría en $2 millones.

La propuesta del presidente Gustavo Petro de establecer un salario vital de $2 millones ya impulsó el debate entre empresarios, analistas económicos y abogados, quienes advierten que una medida de este tipo podría elevar de manera significativa los costos fijos de las empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. Según expertos, el incremento salarial tendría efectos directos sobre la estructura de costos, la formalidad laboral y la sostenibilidad financiera de pequeñas y medianas compañías, en un contexto marcado por presiones inflacionarias y bajo crecimiento económico.

Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, advirtió que el aumento decretado por el Gobierno representa un incremento “sustancialmente alto” frente a la inflación. Según explicó, la nueva base salarial, fijada en $1.750.905, prácticamente quintuplica la inflación, lo que supone una ruptura para el ya reducido mercado formal de trabajo en Colombia.

Cuervo señaló que sectores intensivos en mano de obra, como el de seguridad privada, enfrentan una situación crítica. “Varias empresas no tienen literalmente cómo pagar la nómina de enero”, afirmó, y anticipó que este ajuste se trasladará de forma inmediata a las tarifas, elevando de manera significativa los costos de servicios como la vigilancia.

El impacto, agregó, se extenderá a empresas de consumo masivo como restaurantes, pizzerías y comercios, donde los costos laborales pueden representar entre 60% y 70% del total. En estos casos, estimó que el incremento salarial podría traducirse en alzas de entre 15% y 20% en los precios finales dentro de la economía formal.

Desde su perspectiva, la medida tendrá efectos adversos inmediatos sobre inflación, informalidad y empleo. “Más del 80% de los trabajadores formales en Colombia devenga salario mínimo, por lo que los efectos se sentirán desde la primera semana de enero”, sostuvo. Ante este escenario, advirtió que muchas empresas solo tendrán dos opciones: subir precios o reducir costos, lo que podría derivar en despidos y mayor informalidad laboral.

Cuervo calificó la decisión como populista y consideró que generará “más problemas de los que pretende solucionar”, al tiempo que presionará la inflación en el muy corto plazo y afectará de forma directa a los trabajadores, especialmente en sectores rurales y de baja productividad.

El salario vital: lo clave

El presidente Gustavo Petro, y sus ministros de Hacienda y Trabajo, Germán Ávila y Antonio Sanguino, señalaron que el costo mensual de la canasta vital para un hogar de cuatro personas en Colombia asciende a $2,9 millones, monto que incluye gastos básicos como alimentación, vivienda, salud, educación y otros bienes y servicios esenciales, cálculos presentados por la Organización Internacional de Trabajo, OIT.

Además informaron que la OIT señaló que el salario vital necesario para un hogar, que en promedio es de tres personas —según las estimaciones del Dane para el caso colombiano— se ubicó en $1,6 millones en 2024. Al ajustar esta cifra con la inflación estimada para 2025 (que sería de 5,3%), el salario vital alcanzaría aproximadamente $1,7 millones.

Si ese valor se actualiza nuevamente con la inflación proyectada para 2026 (4,54%), el salario vital subiría a cerca de $1,8 millones. Al comparar esta cifra con el salario mínimo vigente en 2025, que es de $1,4 millones, se calcula una brecha cercana a 28,3%, explicó el jefe de Estado.

En términos absolutos, la diferencia entre el salario mínimo vigente en 2025 y el salario vital estimado para ese año es de $323.382, lo que equivale a una brecha de 22,7%. Aunque estas cifras no tienen carácter vinculante, el Gobierno las tomó como un insumo adicional para evaluar variables como el poder adquisitivo del salario, la productividad y la participación de los salarios en el ingreso nacional, tal como lo establece la Ley 278 de 1996.

No obstante, el Gobierno aclaró que no busca cerrar esa diferencia de una sola vez. En su lugar, plantea un ajuste gradual a partir de 2026, con un incremento inicial de 23% y aumentos adicionales en los años siguientes, con el objetivo de avanzar de forma progresiva hacia la convergencia entre el salario mínimo y el salario vital.

La decisión, según el Ejecutivo, busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, avanzar de manera gradual hacia un salario mínimo vital y garantizar condiciones básicas de subsistencia para los trabajadores de menores ingresos, en equilibrio con la sostenibilidad macroeconómica y la generación de empleo.

La reforma laboral ya apuntó buena parte de lo que hay que seguir haciendo, hay que bajar más la jornada de trabajo, hay que lograr más productividad y un salario digno", afirmó el presidente Gustavo Petro en medio de su alocución presidencial.

Cabe señalar que la cifra es superior a la propuesta por los empresarios, que en la mesa tripartita habían postulado un ajuste de 7,2%. De hecho, el monto supera a lo pedido por los sindicatos, que llegaron a la discusión solicitando un incremento de 16%.

Andi cuestiona alza del salario mínimo

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia manifestó su preocupación por el incremento del salario mínimo decretado para 2026, al advertir que la decisión fue adoptada de manera unilateral por el Gobierno Nacional y por fuera de los mecanismos de diálogo social tripartito establecidos en la Constitución y la legislación laboral vigente.

Según la ANDI, la falta de concertación genera riesgos relevantes para la economía y para los hogares colombianos, en especial por su impacto potencial sobre la inflación, los precios de bienes y servicios, el empleo y las finanzas públicas. El gremio subrayó que la inflación es una de las variables que más afecta a la población en condición de mayor vulnerabilidad.

El pronunciamiento cobra mayor relevancia, señaló la asociación, en un contexto en el que el propio Gobierno ha reconocido la existencia de una “emergencia económica”. De acuerdo con estimaciones técnicas citadas por la Andi, cada incremento de 1% en el salario mínimo representa cerca de $400.000 millones adicionales en gasto público.

El gremio empresarial recordó que durante el actual Gobierno ha advertido, tanto ante las autoridades nacionales como ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la falta de una participación efectiva de trabajadores y empleadores en las discusiones de política laboral. En ese sentido, cuestionó que reformas clave, como las pensional y laboral, hayan avanzado sin una concertación real con los principales actores del mercado de trabajo.

En esta ocasión, agregó la Andi, esa exclusión también se extendió a la definición del salario mínimo, luego de que el Ejecutivo modificara de manera unilateral el concepto de remuneración mínima al introducir la noción de “ingreso mínimo vital”, sin que mediara una discusión amplia, abierta y democrática con la sociedad.

Para la asociación, una de las funciones centrales de la Comisión de Concertación es buscar un equilibrio entre la protección del ingreso de los hogares, el control de la inflación, la sostenibilidad de las finanzas públicas, la generación de empleo formal y el fortalecimiento de la competitividad y la productividad del país. Sin embargo, advirtió que estas discusiones no se dieron en ese espacio institucional.

Finalmente, la Andi hizo un llamado al respeto por la institucionalidad y por los mecanismos de concertación democrática, en beneficio de los trabajadores, los empleadores y de la sociedad colombiana en su conjunto.

“Las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población la idea de que se están beneficiando sus intereses, cuando en realidad se trata de medidas insostenibles o estructuralmente inconvenientes. Afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés con el fin de mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes, las empresas medianas y las empresas formales, constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia”, comenta Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

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