El paro minero de seis días en Antioquia está afectando a más de 400.000 habitantes

Desde el pasado jueves 2 de marzo, inició un paro minero en Antioquia que ya afecta a 12 municipios. Según la Gobernación de Antioquia, se destaca, en primer lugar, el impacto a 400.000 habitantes del nordeste y el bajo Cauca que no han podido recibir abastecimiento de medicamentos y alimentos.

Oswaldo Juan Zapata Quijano, Secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, explicó que estos habitantes están "sitiados durante más de 100 horas, sin libre acceso a alimentos, medicamentos, transporte y otros bienes y servicios esenciales para la vida". Esto resulta en un encarecimiento de este tipo de suministros.

Los fundamentos del paro se basan, por una parte, en que los mineros pequeños no enfrentan las mismas condiciones que las grandes mineras. El Decreto 2235 de 2012 es clave en esta problemática, pues ordena "destruir maquinaria pesada y sus partes cuando sean utilizadas en actividades de exploración o explotación minera sin las autorizaciones determinadas por la ley, sin perjuicio de las acciones penales o administrativas a que haya lugar".

Para los pequeños mineros, esto es un problema porque cataloga su actividad como delictiva, por lo que estos trabajadores informales piden que estas regulaciones sean modificadas, lo que significaría suspender los operativos contra la minería ilegal en estos territorios.

Sin embargo, la versión de las autoridades es diferente, porque es otro lado de la historia. Ante la situación, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo ayer que "esta destrucción de miles de hectáreas está siendo llevada a cabo por grupos criminales que se financian fundamentalmente por la minería ilegal". Gaviria agregó que, simultáneamente está la siembra de hoja de coca como el otro negocio fuerte de estos grupos.

Los grupos criminales que operan en Bajo Cauca y Nordeste avanzan en la mayor destrucción ambiental de la historia de Antioquia. Con minería ilegal convierten ríos en corrientes de lodo y mercurio, y con siembra de coca deforestan bosques. Una degradación del suelo a gran escala. pic.twitter.com/WisfhcDFoR

— Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) March 6, 2023

Además, el gobernador tildó la movilización como "paro mal llamado minero" porque "tenemos información y pruebas de capturas hechas por el Ejército y la Policía, además de mensajes de WhatsApp del Clan del Golfo para extorsionar y obligar a los ciudadanos de las subregiones a cerrar el comercio, a no asistir a las actividades del sector educativo y se ha visto la presencia en las manifestaciones que han obstruido las vías".

Según explica Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, un paro de esta magnitud tiene repercusiones de toda índole en lo económico. "No solo se afecta la generación de empleo formal y de regalías e impuestos por parte de la minería legal, sino además se afecta la economía local y regional que se genera por el suministro de bienes y servicios que se da alrededor de la actividad minera", resalta.

El experto también indica que "esto no puede ser óbice para que el Estado no ataque y se oponga de forma frontal a la minería ilegal y en especial a la que promueven no mineros ancestrales y de hecho, sino grandes mafias y grupos ilegales alrededor del tema, que le hace finalmente daño a todos los habitantes y que es lo que ha sido el principal detonante del paro en la región".

La Federación de Empresarios de Transporte de Carga (Fedetranscarga) lanzó un llamado al Gobierno Nacional porque los transportadores de carga por carretera han sido vulnerados.

"Reiteramos desde Fedetranscarga el urgente llamado al Ministerio del Interior para que de una vez por todas ponga fin a bloqueos en las carreteras del país, igualmente hacemos un llamado a la Fiscalía General y a la Procuraduría General, para que dentro de sus competencias, investiguen las conductas de los funcionarios del gobierno nacional y de las fuerzas militares y de policía que por acción u omisión, están determinando en el país que la protesta social garantizada constitucionalmente, haya mutado al vandalismos y porque razón se ha dejado de aplicar el artículo 353 A del Código Penal Colombiano que sanciona legalmente este tipo de conductas", dice el comunicado de la Federación.

La costa Caribe y la Vía al nordeste de Antioquia están bloqueadas por barricadas instaladas de más de 3.500 personas. Como ruta alterna para personas que necesiten ir a Córdoba, Sucre y Bolívar está el Urabá antioqueño, que conecta a Medellín con Arboletes. Para llegar a Cesar, Magdalena y La Guajira, la ruta alterna es Medellín-Puerto Berrío, para así salir a la Ruta del Sol.