El nuevo mapa tributario del país está en manos de los congresistas

Ya comenzó la cuenta regresiva para que los congresistas definan el nuevo mapa tributario que estará vigente por los próximos cuatro años. Por cuenta de esto, más de 32.000 empresas se tendrán que meter la mano al bolsillo para financiar con más de $8,5 billones anuales adicionales las promesas del presidente Juan Manuel Santos en materia de paz, equidad y educación.

En la reforma tributaria pasada, el turno fue para las personas naturales. Por ejemplo, en el impuesto de renta se buscó aumentar el número de declarantes y este año 700.000 personas tuvieron que hacer el proceso.

Para el proyecto nuevo, cuya ponencia será radicada y votada esta semana, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que la clase media no se verá afectada, pero las empresas serán las que “hagan el esfuerzo” en los próximos años.

Actualmente, de acuerdo con el Doing Business del Banco Mundial, de cada $100 en utilidades, la tasa de impuestos es de $75, de los cuales $20 son por el gravamen de renta, $28 por otros, entre los que se incluye el impuesto al patrimonio y el resto por impuestos laborales.

Esta cifra de tributación es alta con respecto a los países de la región, que en promedio tienen una tasa de $48 de cada $100 de sus ganancias a impuestos, cifra similar a los $41 de la Ocde.

Debido a este alto monto, los empresarios solicitaron cambios en la reforma que cursa actualmente en el Congreso, para que este mapa tributario actual no siguiera perjudicando la inversión.

Y es que para sectores como el petrolero el tema es más complicado. Francisco Lloreda, presidente de la ACP, señaló que actualmente de cada peso que le entra al sector, 70% se va para el Estado y con los cambios de la tributaria la cifra llegaría hasta 76%.

“Al paso que vamos, el sector petrolero terminaría pagando el 22% de la reforma”, dijo Lloreda, quien explicó que los cambios suponen un aumento entre 25% y 35% sobre lo que ya se tiene previsto que cambiaría.

El proyecto inicial no transformaba radicalmente el mapa tributario de los últimos años, pues fundamentalmente buscaba prorrogar el impuesto al patrimonio, con el nombre de impuesto a la riqueza, que se ha venido pagando desde 2002, y el 4x1.000.

Sin embargo, con la ponencia sí se quiere hacer un cambio de fondo. Primero, se busca reducir el aporte que hace el impuesto al patrimonio de alrededor de 4,4% del recaudo total en 2018, a través de una disminución de tarifas para las empresas. Con esto, este rubro solo aportaría $200.000 millones que pagarían unas 52.026 personas.

Esta disminución en el aporte del patrimonio pasaría al Impuesto Sobre la Renta para la Equidad (Cree), que a octubre había aportado 12% del recaudo total de este año, siendo el tercer tributo con mayores ingresos. Este iría tomando fuerza en la torta tributaria, hasta llegar a su máxima expresión en 2018, cuando la sobretasa sería de 9%. Es decir, las empresas con utilidades superiores a $800 millones, pagarán 18% sobre sus excedentes.

El nuevo panorama también viene por cuenta de la gabela para declarar los activos en el exterior. Luego de que la Corte Constitucional dijera que es inexequible la amnistía para reportar activos en el exterior, el Gobierno hace otro intento con la creación de un impuesto para la normalización tributaria, con el que los empresarios solo pagarán 10% sobre los activos declarados.

Entre reglas de juego que se aprobarán por cuatro años, también se incluyeron 27 nuevos artículos, que buscan, según el representante Ángel Custodio Cabrera, subsanar algunos errores de la anterior reforma.

Los más de 50 artículos vendrán entonces a completar la colcha de retazos en que se ha convertido el estatuto tributario, que hoy con más de 930 artículos complica a todos los contribuyentes.

Ante esto se había pedido una reforma estructural, que simplifique el estatuto, pero quedará para un próximo proyecto.

Finalmente pasaría la cárcel para los evasores
Desde la Constitución de 1991 se ha intentado, en por lo menos cinco oportunidades, pasar en el Congreso de la República una norma que ponga en cintura a los evasores con cárcel. En la ponencia que será radicada esta semana, el tema permanece. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que la evasión por primera vez tendrá implicaciones penales. Así, las personas que omitan activos o declaren pasivos inexistentes, tanto en Colombia como en el exterior, por más de $8.000 millones, podrían enfrentar cárcel entre tres y nueve años.

Pedro Sarmiento
El socio director de la División de Impuestos y Legal de Deloitte, Pedro Sarmiento, considera que en definitiva ya no es solo una reforma de equilibrio fiscal, como se planteó en un principio, pues se han ido incluyendo muchas cosas, como que dentro del Cree se puedan deducir las pérdidas, cosa que no se podía en la anterior legislación, “lo cual alabamos”. Sin embargo, señaló que lo preocupante es que se esté perdiendo el atractivo. “Nos podría pasar lo mismo que a Chile, que aprobó una reforma tributaria con una dimensión parecida a la que estamos haciendo y el sector eterno lo resintió y el país perdió competitividad”.

Francisco Lloreda
El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, indicó que los cambios no favorecen a este sector y por el contrario la tasa de tributación aumenta. Ante esto, su propuesta es que las inversiones de carácter improductivo no sean gravadas, para estimular por ejemplo la labor exploratoria, “esta es una industria intensiva en capital, pero con una probabilidad muy baja de que esas inversiones terminen siendo productivas”. También propone que el Cree no se incremente como se está planteando porque golpea a la industria y que se les pueda exonerar del pago del 4x1.000.

Guillermo Perry
El exministro de Hacienda, Guillermo Perry, manifestó que con esta reforma se perdió una oportunidad de oro para hacer un cambio estructural, pues ya se sabía que el impuesto al patrimonio y el 4x1.000 terminarían este año. Dijo que la variación que se presentó en la ponencia es positiva, pues en el proyecto inicial se mantenía el impuesto al patrimonio, que dificulta la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo. “El hecho de que se haya acordado un proceso de disminución es mejor que lo que había, aunque hubiera sido mejor que eliminarlo completamente de una vez”.

Bruce Mac Master
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), se mostró satisfecho con el hecho de que se haya omitido en la reforma tributaria un impuesto a los dividendos. “Este impuesto tiene que ser una discusión seria y tiene que ser fundamentada, en la que podamos escuchar a los académicos, se oiga la opinión de los técnicos. Esa conversación no se puede dar, por supuesto, en un debate de dos semanas”, dijo el presidente de la Asociación. También vio con buenos ojos la decisión del Gobierno de empezar a estudiar la reforma estructural, la misma era una petición reiterada que habían hecho los empresarios de diferentes sectores.

Gustavo Cote
El exdirector de la Dian, Gustavo Cote, manifestó que es mucho mejor que el proyecto de reforma tributaria se apruebe por cuatro años. “El planteamiento de que la reforma se haga solamente para tapar el hueco del próximo año es absurdo. Bajo todas luces es mejor trazar reglas claras de tributación por los cuatro años, pues el desgaste que se le genera a los contribuyentes por esperar una reforma cada dos años es inmenso”. El experto comentó que es más progresivo disminuir el impuesto a la riqueza y aumentar el Cree, pero resaltó que no se debería descartar la propuesta del impuesto a los dividendos, pues es un tributo que generaría más igualdad.

Juan Camilo Resprepo
El exministro de Hacienda y de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, manifestó que esta reforma tributaria no va alcanzar para cubrir ni la falta de recursos para el presupuesto de 2015, ni mucho menos los del todo el cuatrienio. Manifestó que la caída mundial de los precios del petróleo le pasará la cuenta de cobro a los cálculos del Ejecutivo, y la situación fiscal del país no se solucionará con la consecución de $12,5 billones, por lo que señala que será necesaria una reforma tributaria para el próximo año o podría abrirse la puerta para flexibilizar la regla fiscal.