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Habrá reuniones técnicas institucionales, luego con prestadores de servicios y después con las organizaciones de usuarios para definir los cambios del método
El jueves se firmó el Decreto 0227 de 2023 en donde el Gobierno Nacional “reasume por el término de tres meses a partir de la vigencia del presente decreto, las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y demás normas concordantes, las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la ley 142 de 11 de julio de 1994, serán ejercidas por el Presidente de la República”.
Aunque el Presidente podrá solicitar el apoyo técnico de las Comisiones de Regulación y demás entidades de cada sector, surgen varios frentes para comprender totalmente, por ejemplo, los cambios que se darán en la estructura y funcionamiento de las Comisiones. También quedan dudas sobre cómo operará el modelo comparado al de hoy.
El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, dijo en entrevista con LR que no se bajarán directamente las tarifas, sino que se rediseñarán las metodologías.
“El presidente asume las funciones de carácter general, no particular, y el objetivo es rediseñar las metodologías para fijar y establecer las tarifas de, principalmente, la energía, porque fue el tema más controvertido por el alza desmesurada, pero consideramos que dentro de estas facultades se van a tocar metodologías de tarifas de acueducto y aseo”, resaltó.
Quiroga, además, explicó que la medida solamente durará tres meses porque “no queremos alargar la solución, en vista de que se ha venido hablando con las Comisiones Reguladoras. Especialmente en el caso de la energía se hizo un pacto tarifario, pero no se han dado los resultados que esperábamos”.
En cuanto al modelo de funcionamiento y los pasos a seguir, según el superintendente, primero serán las reuniones técnicas. Se tendrá en cuenta el efecto de incertidumbre y la percepción de riesgo a futuro. Luego habrá otras reuniones con los prestadores de servicios públicos y finalmente con las organizaciones de usuarios para que presenten observaciones.
Ante el panorama, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco) y la Asociación Colombiana de Energía Eléctrica (Acolgen) se pronunciaron.
“La autonomía e independencia que ha caracterizado al regulador para tomar decisiones técnicas se vería afectada en la medida en que tendría una injerencia”.
Acolgen anunció que “esta asunción de funciones, de momento, no afecta la suficiencia financiera de las empresas ni la prestación del servicio, esperamos que las decisiones que el Presidente Petro tome desde allí se mantengan en el componente técnico y no político”. La agremiación también confirmó lo que ha dicho el superintendente, que se han mantenido diálogos entre el Gobierno y los actores de los servicios públicos. Mientras que Acolgen indicó que se está trabajando en una serie de propuestas para que se presenten ante el Gobierno la próxima semana, “con objetivos alineados entre lo que el Gobierno está buscando y la sostenibilidad de nuestro sector”.
Pese a la disposición del Gobierno para establecer diálogos antes de cambiar la metodología, expertos señalan riesgos en la injerencia del ‘factor político’ en las tarifas, quitando independencia.
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