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ACP instó a que haya cambios en la política energética para potenciar al sector.
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ACP expresó que la política energética vigente seguirá comprometiendo la autosuficiencia gasífera tanto en el corto como en el mediano plazo
La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, reveló el estado actual y la tendencia del sector energético. Según las proyecciones del gremio, el abastecimiento de gas natural no está asegurado. Con base en cifras del Gestor del Mercado, bajo condiciones normales, se estima un déficit de entre 5% y 7% para 2025, de entre 17% y 20 % para 2026, y de hasta 50% en 2030.
Frank Pearl, presidente de la ACP, advirtió que un déficit de esa magnitud en cinco años podría traducirse en un aumento de tarifas entre 12% y el 46%. El gremio añadió que, en lo corrido de 2025, el país importó en promedio 170 giga BTU día, equivalentes a la demanda diaria del Atlántico.
Para la ACP, la solución pasa por desarrollar nueva oferta local. No obstante, existen obstáculos importantes: la infraestructura de importación actual es limitada, y aunque el proyecto Sirius, ubicado costa afuera en el mar Caribe, se perfila como la principal esperanza para satisfacer la demanda, su entrada en operación se proyecta entre 2029 y 2030.
Pero según Pearl, Sirius no sería suficiente. Por eso, el gremio consideró fundamental impulsar nuevos yacimientos en el Caribe. En paralelo, alertó que, bajo la política actual de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo, la producción nacional comenzaría a declinar a partir de 2027, particularmente en petróleo.
Como consecuencia de ese posible descenso, la Nación dejaría de percibir alrededor de $40 billones entre 2027 y 2035, por concepto de impuestos de renta, derechos económicos, regalías y otros tributos. Es importante señalar que las cifras están hechas con base en un precio del petróleo de US$75 por barril.
El gremio hizo un llamado urgente a impulsar políticas públicas que reactiven la exploración y la producción de hidrocarburos, con el fin de frenar la cuenta regresiva en materia energética, "recuperar la competitividad y atraer inversión".
Según la ACP, esto sería posible si se optimizan los procesos de consulta previa con acompañamiento institucional, mejora en la coordinación del Estado para gestionar el orden público y la estabilidad en los requisitos ambientales.
También subrayó la importancia de mantener la seguridad jurídica y la confianza inversionista. Para lograrlo, recomendó evitar el aumento de la carga tributaria sobre el sector, reducir la tarifa de autorretención en escenarios de déficit, instalar mesas técnicas para resolver problemas de telemetría con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y garantizar reglas claras en el cobro de derechos económicos, como no aplicar cargos sobre gas no comercializado.
El gremio planteó la necesidad de fortalecer los proyectos de gas costa afuera y en tierra firme. Entre sus recomendaciones, destacó la visibilización y acompañamiento a proyectos costa afuera, asegurar trámites socioambientales, priorizar 116 consultas previas necesarias para la construcción de gasoductos submarinos y mejorar la capacidad del sistema de transporte de gas.
ACP reportó que en 2024 la inversión en exploración y producción de petróleo y gas ascendió a US$4.330 millones, 10% menos que en 2023 (US$4.830 millones). Indicó además que se ejecutó 94 % del presupuesto, concentrado en rubros pendientes del año anterior.
La exploración fue uno de los segmentos más golpeados: en 2024, la inversión fue de US$900 millones, 14% menos que US$1.050 millones registrados en 2023. Ese año se perforaron 27 pozos exploratorios, por debajo de los 63 perforados en 2023 y de la meta proyectada de entre 30 y 40 pozos.
En cuanto a producción, la inversión fue de US$3.430 millones, 9% inferior a la de 2023 (US$3.780 millones). La ejecución presupuestal fue de 98%, pero el monto incluía recortes producto de la disminución de caja derivada de la reforma tributaria de 2022 y de la incertidumbre sobre los cambios en la política energética.
De cara a 2025, la ACP proyectó una nueva caída, la inversión en exploración llegaría a US$740 millones, 18% menos que en 2024, lo que la convertiría en la más baja de los últimos cuatro años.
Según el gremio, 80% de las inversiones estimadas para 2025 corresponden a compromisos contractuales obligatorios, "por lo que es urgente impulsar políticas que incentiven una exploración adicional".
Las zonas con mayores proyecciones de inversión en exploración incluyen proyectos costa afuera en el Caribe, y otras como Casanare, Meta, Córdoba, Sucre, Arauca, Putumayo y Bolívar.
Frente a la caída de inversiones en exploración y producción, advirtió que, si no se toman decisiones de manera oportuna, Colombia podría no tener actividad exploratoria en 2030.
Los que actualmente concentran la mayor inversión en producción son Meta, Casanare, Santander, Arauca y Huila.
En conclusión, la organización gremial reiteró que, si no se adoptan medidas claras, la política energética vigente seguirá comprometiendo la autosuficiencia gasífera del país en el corto y mediano plazo.
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