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Aunque en la reforma a la salud se tiene contemplada la creación de Misalud, una empresa pública que recaude los recursos que hoy financian los regímenes contributivo y subsidiado, los pacientes están inquietos con lo que pase con el control de los dineros, si las Entidades Promotoras de Salud (EPS) conforman las redes prestadoras y si la prestación del servicio de salud se divide en zonas especiales.
“El objetivo de la ley 100 era disminuir la corrupción del sector público. Con el paso del tiempo se demostró que el sector privado resultó peor que el sector público. Ahora, con la reforma a la salud se puede dar un problema de corrupción en donde las entidades terminen facturando un servicio que no se prestó, para sacar plata del sistema”, afirmó Néstor Alvarez, representante de los usuarios de alto costo.
Para los pacientes, las EPS, con la reforma a la salud, serán las grandes captadoras de dinero, pues se les da tres opciones para no desaparecer del sistema: la primera es especializarse en seguros voluntarios; la segunda, es convertirse en administradoras de servicios, y la tercera es ser prestadoras de servicio (uniéndose a alguna red).
“Las EPS van a cobrar intermediación por conformar red, intermediación por prestar servicios, intermediación por ejercer la auditoria y el Estado les paga. No había visto un negocio tan rentable” aseguró Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.
La administración del régimen subsidiado por parte de los departamentos es otro de los puntos que les preocupa a los pacientes. “Pueden presionar al Gobernador o al Secretario de Salud del departamento para que le de un contrato a la EPS del amigo. Dicen que se quiere despolitizar el sistema y en la propuesta muestra otra cosa” agregó Silva.
Uno de los puntos que resaltan los pacientes es la creación de Misalud (que manejará todos los recursos). Sin embargo, quieren saber al Estado cuánto le va a costar este cambio.
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