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Por una presunta violación al régimen legal de la libre competencia en el nuevo esquema de recolección de basuras de Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación y formuló pliego de cargos contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. (Eaab) y Aguas de Bogotá S.A. ESP.
A través de la Resolución No. 14902 del 4 de abril de 2013, se abrió investigación y se formuló pliegos de cargos contra funcionarios y ex funcionarios del Distrito: Gustavo Petro, alcalde de Bogotá y miembro de la Junta Directiva de la Eaab; Nelly Mogollón, directora de la Uaesp; Henry Romero, ex director de la Uaesp; Alberto José Merlano, gerente general de la Eaab; Diego Bravo, ex gerente de la Eaab; Ricardo Agudelo, gerente de Aguas de Bogotá; Mario Álvarez, ex gerente de Aguas de Bogotá; Gerardo Ardila, miembro de la Junta Directiva de la Eaab; María Mercedes Maldonado, miembro de la Junta Directiva de la Eaab, y José Orlando Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de la Eaab.
Las denuncias las hizo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el pasado 24 de septiembre de 2012; la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, el 5 de octubre de 2012; y los cuatro operadores privados de servicios de recolección de basuras, Aseo Capital, Atesa, Lime y Ciudad Limpia.
La Resolución resuelve abrir investigación contra las entidades con el fin de determinar si habrían infringido el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 que prohibe toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia, y del numeral 10 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 que prohibe los acuerdos que tengan por objeto o efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización, al haber suscrito los convenios para establecer como único prestador del servicio de aseo en Bogotá a la Eaab, la cual lo viene haciendo por conducto de la sociedad Aguas de Bogotá.
De probarse lo argumentado por la SIC, la Uaesp, la Eaab y Aguas de Bogotá podrán ser sancionados con multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), es decir, hasta $58.950 millones.
Las personas naturales podrán ser sancionadas con multas hasta por 2.000 smlmv, lo que equivale a $1.179 millones, en caso de demostrarse que “colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraron los hechos o actuaciones constitutivas de las infracciones objeto de la investigación”.
Tanto las personas jurídicas como las naturales tienen 20 días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución para que soliciten o aporten las pruebas para su defensa. Según Mario Álvarez, ex gerente de Aguas de Bogotá, quien aún no ha sido notificado, se está presentando un abuso de autoridad por parte de la SIC, ya que la función de control y vigilancia de los servicios públicos recae sobre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y no sobre la SIC.
De acuerdo con la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC, “la creación, implementación y puesta en marcha del nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá por parte de la Eaab, la Uaesp y Aguas de Bogotá, presuntamente constituye una serie de prácticas y procedimientos que tuvieron como objeto y por efecto obstaculizar la entrada de los agentes presentes en el mercado de aseo en Bogotá e impedir que potenciales entrantes llegaran al mismo”.
La implementación de un modelo de aseo polémico
El servicio de aseo en Bogotá se venía ejecutando bajo el esquema de libre competencia con Áreas de Prestación de Servicio (ASE), en virtud de los contratos suscritos entre los operadores del servicio y la Uaesp. Ante la ausencia de un proceso licitatorio propio del esquema de las ASE, el modelo a aplicar a partir del 18 y 22 de diciembre de 2012 era el de libre competencia. Pero a partir del 18, la Eaab inició el nuevo esquema por intermedio de su filial Aguas de Bogotá, con el fin de ser el único prestador de servicio de aseo. El 22 de diciembre los operadores que anteriormente prestaban los servicios suscribieron contratos de operación con la Uaesp.
La opinión
Mario Álvarez
Ex gerente de Aguas de Bogotá
“Esta Resolución es un abuso de autoridad por parte de la SIC. La función de vigilancia y de control la debe ejercer la Superintendencia de servicios”.
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