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ECONOMÍA Cuatro exigencias que hace Gas Natural para no demandar
sábado, 8 de octubre de 2016
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Lilian Mariño Espinosa - lmarino@larepublica.com.co

En esta negociación, que se hace con un grupo de delegados del Ministerio de Comercio, la empresa busca cuatro soluciones: uno, que se haga el pago de la deuda y se garantice la sostenibilidad a futuro; dos, que se establezcan medidas efectivas frente al fraude e impago; tres, que se realice un reconocimiento de las condiciones de la región, y cuatro, que se cumplan las promesas del Gobierno de contribuir con la deuda de los barrios “subnormales”. 

Ahora, a pesar del interés de las partes, la negociación no empezó por buen camino. Han pasado tres meses desde que se debieron haber iniciado los diálogos y hasta el momento solo se han dado reuniones extraoficiales . Según explicó la ministra de la Cartera, María Claudia Lacouture, esto se dio ya que “la mayoría de información de Gas Natural es incompleta”. Por lo que solo cuando se entregue empezará a contar el tiempo. 

Hoy, a pesar de que la empresa tiene un concepto diferente sobre ese punto, señaló a LR que los únicos que en realidad están perdiendo son los clientes, ya que “ninguna empresa (ni Electricaribe ni otro operador) pueden garantizar el adecuado servicio si no se dan las condiciones citadas”. 

Esto lo sustenta en las mismas demandas que exige al Gobierno ya que la empresa se vio fuertemente afectada, y no pudo realizar la inversión necesaria que se pedía, no solo por la deuda actual de las facturas, que a junio 30 llega a $3,8 billones, de la cual 23% viene de las entidades oficiales, sino porque por nueve años (2006-2015) el Gobierno había acumulado una deuda con la empresa de US$400 millones por subsidios. 

La primera reclamación, es imperiosa para la electrificadora, ya que solo en seis meses la deuda creció 10%. Con esto se creó un faltante de caja para hacer inversiones en 2015 de $565.000 millones y en 2016 de $408.000 millones. 

Es por esto que la empresa no ha podido ejecutar lo que tenía acordado para este año de $124.000 millones y solo ha alcanzado $48.000 millones. “Nos comprometimos con una cifra porque, como cualquier otra empresa, esperábamos poder reinvertir. Sin embargo, los altísimos niveles de fraude e impago no lo han permitido”.

Frente a los críticos, que señalan que la falta de pago se debe a mala gestión de cartera. La empresa señaló que es precisamente la falta de mecanismos efectivos contra el fraude lo que los ponen contra la pared. Y esta es su segunda petición. 

Dado que la suspensión del servicio por impago, que es la única carta que tienen las empresas para hacer cobros, es imposible, ya que la comunidad se opone acudiendo a la violencia, 70% de los clientes a los que se les suspende el servicio se reconectan fraudulentamente y 38% son reincidentes, piden un mecanismo más eficiente para sancionar a estas personas. 

“Es necesario establecer medidas de carácter legal, policial y judicial para reducir el fraude e impago. A pesar de que en 2015 se detectaron fraudes por $783 millones al día y se hicieron 12.000 denuncias, los jueces solo han dado 84 condenas”. 

Este punto, lleva a la tercera petición en la que se solicita una regulación especial, ya que esta zona es la segunda del mundo con mayor salinidad, lo que afecta las redes; 92% de los clientes están en situación de “bajo desarrollo”, y la ruralidad hace que las horas de interrupción anual del servicio asciendan a 93%, superiores a los del resto del país. Acá la empresa recordó que los $1,1 billones con los que se comprometió en el Plan5Caribe, estaban condicionados a que el Gobierno modificara la regulación. 

Finalmente, la empresa pide que el Gobierno cumpla con el compromiso que hizo en enero cuando señaló que iba a pagar la deuda de las estatales e iba a encontrar un mecanismo para capitalizar la mitad de la deuda de los usuarios de barrios subnormales, que alcanzaba los $800.000 millones.

La difícil situación que se aproxima en la Bolsa 

A pesar de que hoy la empresa tiene una exposición a Bolsa de solo 38%, la situación puede cambiar, ya que LR conoció que algunas empresas que tiene contratos bilaterales ejecutarían garantías por falta de pago de los contratos. De esta manera, aumentaría el precio de la energía, que en la región es de las más altas del país por el uso de aire acondicionado. Además, para los contratos a futuro a la empresa, a pesar de poner ofertas, nadie quiere venderle. 

Las opiniones

Hernando Herrera
Abogado especializado en arbitraje

“Por el contrato se diría que el concepto del Estado prima sobre el del particular y la única forma de alterar esa circunstancia es por un pacto de la partes; por otrosí”.

José David Name
Senador de la República
“El Gobierno y Electricaribe deben hacer consenso sobre medidas contra fraude, inversión, pago de subsidios y ajustes a regulación para compra de energía”.

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