Coyuntura energética del país incentiva proyectos de ley en el Congreso

Debido a la contingencia en el proyecto Hidroituango, que tendría un retraso de alrededor de dos años y podría llevar a un déficit en la oferta de energía para 2022, y la crisis energética que se vive en la Costa Caribe por cuenta de Electricaribe, son tres los proyectos de ley que buscan fortalecer la disponibilidad energética, aumentar la participación de fuentes renovables y tomar medidas para regular las inversiones.

Una de estas iniciativas, radicada por el senador José David Name, busca definir los límites de participación de los generadores, distribuidores y comercializadores de electricidad. En esta se establece que ninguna persona o empresa pueda tener más de 25% de la capacidad de generación de electricidad procedente de fuentes convencionales en el Sistema Interconectado Nacional, pero este límite podrá ser excedido hasta 30% de la capacidad de generación si, como mínimo, 5% proviene de fuentes no convencionales.

Para Ricardo Roa, gerente de negocios de energía de la Organización Ardila Lülle, es válido hacer una revisión de los límites para que haya mayor inversión en generación, pues estos son de hace varios años. “Cualquier motivación para que entren más energías renovables no convencionales al sistema y tengamos una matriz cada vez más limpia, es bienvenida”, expresó.

Este mismo proyecto también establece que las empresas no podrán tener más de 50% de participación en actividades de comercialización ni de distribución.

Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), considera que en distribución no son necesarios los límites, como está actualmente, porque no hay riesgo de monopolio, ya que las tarifas de las conexiones están reguladas. “Aumentar a 50% la participación de la comercialización podría llevar a un monopolio, porque las razones por las que se crearon los límites todavía existen. Estas son la integración vertical y el precario desarrollo de la comercialización, que no permite que un usuario pueda cambiar de empresa como cambia de operador de celular”, dijo.

Otro de los proyectos, también impulsado por el senador Name, busca modificar el Cargo por Confiabilidad y cambiar la destinación de estos recursos. El proyecto propone que 20% de la tarifa sea para subsidiar la energía de los estratos 1 y 2, 30% para invertir en proyectos que garanticen la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico nacional y 50% para financiar el mantenimiento de plantas termoeléctricas e inversiones que contribuyan a reducir la huella de carbono de la generación.

“No estoy de acuerdo con este cambio, pues el Cargo es lo que ha permitido firmeza en el sistema y que el sector se expanda a pesar del Niño”, dijo Roa.

El tercer proyecto fue presentado por Álvaro Uribe y busca que las entidades territoriales, con aportes del Presupuesto General de la Nación y créditos, participen en proyectos de generación y distribución de energías renovables como biomasa, hidroeléctricas, eólicas, solar, geotérmicas y mareomotriz.