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Irregularidades en recursos del SGP
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Los descubrimientos radican en deficiencias en la planeación, estructuración y gestión administrativa y financiera de los recursos
A través de la delegada para el sector de Vivienda y Saneamiento Básico, la Contraloría General de la República identificó irregularidades fiscales y penales por el mal uso de recursos destinados para agua y saneamiento básico en el marco del Sistema General de Participaciones entre 2020 y 2024.
Se trata de 122 hallazgos fiscales y 25 con incidencia penal por la presunta destinación de recursos. Ambas irregularidades habrían alcanzado $94.579 millones.
El ente de control determinó que los descubrimientos radican en deficiencias en la planeación, estructuración y gestión administrativa y financiera de los recursos. "Se detectaron fallas como la ausencia o insuficiencia de estudios técnicos previos, falta de soporte en la formulación, demoras en la gestión de permisos ambientales y una desconexión entre los estudios contratados y las necesidades reales de las comunidades", señaló la Contraloría.
Denuncias ciudadanas dieron cuenta de hallazgos fiscales por $33.614 millones y destacan cuatro casos en el departamento de Bolívar, en el que en los municipios de Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka y Soplaviento hubo fallas en el funcionamiento del sistema de agua y alcantarillado que derivaron en un hallazgo de $2.575 millones.
Por su parte, las auditorías fiscales entre 2022 y 2024 de la Contraloría dieron como resultado 109 hallazgos fiscales por $60.965 millones. Entre los casos más relevantes se encuentran los de San Andrés Islas y Tibú, Norte de Santander, donde se identificaron deficiencias en la supervisión y control del cobro y asignación de subsidios, generando un daño patrimonial superior a $14.000 millones.
"En la ejecución y supervisión de los proyectos se evidenció una omisión sistemática en la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales (...) También se registraron atrasos significativos en la ejecución, con incumplimientos tanto de los plazos legales como contractuales, y una débil supervisión sobre los tiempos de entrega", explicó el ente de control por medio de un comunicado.
La Contraloría detalló que hubo errores en la facturación, liquidación y asignación de subsidios, provocados por bases de datos desactualizadas y procesos de estratificación socioeconómica inconsistentes. Estas fallas dieron lugar a pagos indebidos y se habrían dado en municipios en donde los subsidios entregados habrían superado los límites establecidos legalmente.
Algunos de los municipios en los que se habría evidenciado tal situación fueron Tibú, Los Patios y El Zulia en Norte de Santander , Granada en Meta, Yopal en Casanare, Popayán en Cauca y Palmira en Valle del Cauca.
Finalmente, el ente de control resaltó que el año pasado se ejecutaron $103.932 millones del componente de agua y saneamiento básico en actividades no elegibles. Los municipios con mayor participación en estos gastos irregulares fueron Uribia por $8.448 millones, Montería por $7.165 millones, Puerto Escondido por $3.839 millones, Sabaneta por $2.587 millones y Arboletes por $1.791 millones.
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