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Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general
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El proyecto del Canal del Dique es considerado estratégico tanto por su impacto ambiental como por su relevancia social y económica
La Contraloría General de la República volvió a prender las alarmas sobre el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, al advertir que recientes decisiones del Gobierno podrían derivar en riesgos fiscales, litigios contractuales y eventuales sobrecostos para el Estado.
Por medio de un documento dirigido a los ministerios de Transporte y Hacienda, así como a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra cuestionó que, pese a que la ANI siempre tuvo la posibilidad de concertar con los concesionarios, se haya optado por modificar de manera unilateral y por decreto una condición contractual vigente.
Según la Contraloría, esta decisión no solo altera las reglas pactadas, sino que podría generar intereses moratorios y remuneratorios que terminarían afectando el patrimonio público. El ente de control advirtió que, de no corregirse la situación, esos costos empezarían a causarse desde febrero y mayo de 2026, dependiendo del tipo de interés.
El organismo también recordó que, a cierre de 2025, el patrimonio autónomo del proyecto contaba con $225.438 millones, y que parte de los trabajos ejecutados durante ese año ya habrían sido pagados con recursos de vigencias futuras. Sin embargo, enfatizó que la existencia de recursos no justifica cambios contractuales unilaterales que puedan abrir la puerta a demandas por incumplimiento, dificultades en el cierre financiero de la concesión o incluso a una terminación anticipada del contrato.
“La Contraloría no comparte que, habiendo estado siempre disponible para la ANI la opción de haberlo concertado y pactado oportunamente con sus concesionarios, se haya modificado una condición contractual vigente de manera unilateral”, señaló el ente de control en su comunicación.
Aunque la Contraloría reiteró que respeta la autonomía del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Hacienda y de la ANI, los invitó a revisar las advertencias y argumentos expuestos, con el fin de evitar que una decisión administrativa termine traduciéndose en un mayor costo fiscal y en nuevos tropiezos para una obra clave en la región Caribe.
El proyecto del Canal del Dique es considerado estratégico tanto por su impacto ambiental como por su relevancia social y económica, razón por la cual la Contraloría mantiene un seguimiento permanente sobre su ejecución y sobre las decisiones que afectan su viabilidad financiera.
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