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Para Maya, esta es una manera de garantizar que los mecanismos de vigilancia en las comunidades regionales no se vea afectada por factores políticos o electorales, en momentos donde la coyuntura no permite “que un país pobre como Colombia despilfarre recursos y, una medida como la que se propone, sería propicia en este momento”.
Para el contralor, “es necesario que las comunidades de departamentos y municipios cuenten con garantías de vigilancia sobre los recursos públicos que les transfiere la Nación, para atender las necesidades más básicas, en materia de salud, educación, vivienda y agua potable”.
“Hay una Contraloría General de la República, 32 contralorías departamentales y 30 municipales. Eso no puede continuar en esa forma”, dijo Maya, al considerar que “esto no puede pasar en un país serio”.
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