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La Fiscalía informó que empezó un proceso de investigación por presuntas irregularidades en los contratos
La crisis que vive Empresas Públicas de Medellín (EPM) por cuenta de las dificultades en Hidroituango no solo representa un problema ambiental que puede afectar a las más de 120.000 personas que habitan en los cinco municipios debajo de la presa, sino que pone en riesgo las proyecciones del sector energético, que daban por hecho la construcción de esta megaobra.
Por lo anterior, la Constructora Conconcreto, empresa que tiene 35% del Consorcio CCC Ituango, responsable de la construcción de la presa central y obras asociadas al proyecto, dio a conocer que el consorcio está amparado por una póliza todo riesgo tomada por EPM.
“A partir del colapso del túnel, el consorcio ha puesto a disposición de EPM todos los recursos para atender la emergencia y retomar el control del proyecto. Las causas que ocasionaron el colapso del túnel sólo podrán conocerse una vez concluidas las investigaciones técnicas”, sostuvo la empresa.
La información se conoció justo antes de que la Fiscalía informara que empezó un proceso de investigación por presuntas irregularidades en los contratos. La entidad se encuentra recolectando testimonios y pruebas por el momento. De acuerdo con el fiscal general de la Nación, Nestor Humberto Martínez, la investigación por supuestos sobornos en los contratos de construcción empezó desde el año pasado y se centrará en la firma Camargo Correa y en los contratos de la desviación del río Cauca y la construcción de las vías de acceso.
“Tenemos testigos que están colaborando en el proceso en donde dicen que en el proceso preparatorio a la contratación hubo pagos a servidores públicos”, afirmó Martínez.
Ahora bien, la tarea que tienen en adelante las entidades regulatorias como la Upme, XM, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) o el Centro Nacional de Operación (CNO) es ejecutar nuevas proyecciones que incluyan el atraso en la entrada en operación de Hidroituango. Además, se deberá establecer cómo se supliría esa oferta de energía.
El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, aseguró que luego de controlar la emergencia, la empresa tendrá que revisar el cronograma y ver cuándo se puede reanudar.
“Desde el punto de vista del sistema no hay problemas hasta 2022. Hasta esa fecha está disponible la energía del país para situaciones críticas, por lo que hasta ese periodo no haría falta Hidroituango. Más allá de eso, si no entra el proyecto, el Gobierno debe evaluar cómo aportar más energía a Colombia”, dijo.
Ante un eventual incumplimiento de EPM en sus obligaciones, una fuente del Gobierno indicó a este medio que mientras no se conozca el tiempo es muy difícil saber el efecto.
“La Creg debería hacer nuevas subastas para la energía firme que dejaría de aportar Hidroituango, pero todo depende de la fecha oficial que informe EPM”, indicó.
En caso de darse una situación de estrés del sistema energético, como fue el fenómeno de El Niño de 2016, esta fuente del sector aseguró que “habrá que respaldarse con las plantas térmicas, pero hay que saber cuál es el retraso para conocer cuántas plantas y qué generación hay que tener lista”.
El ministro argumentó que en los últimos cuatro años se han consolidado 10.983 Equipos Básicos de Salud
La entidad también supervisará la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad, el nivel de los embalses
A través de un representante los usuarios podrán ofertar desconexiones de demanda y recibir una remuneración
