Con total normalidad transcurrió el primer día de paro minero en Quibdó (Chocó). Los manifestantes pidieron la presencia de cinco ministros en la zona, pidieron mayor acceso a los títulos mineros y hacer una diferenciación entre los distintos tipos de minería para evitar la destrucción de maquinaria por parte de las autoridades entre quienes la realizan de manera legítima.
En este departamento se congregó un grupo de mineros, que luego de marchar pacíficamente por las calles de la ciudad en horas de la mañana, se reunieron durante la tarde en el parque central.
Pero a diferencia del paro en el Catatumbo, este cese de actividades, lejos de ser una manifestación violenta, más parecía una fiesta. En el parque, junto con la música que aludía a la reivindicación de los derechos mineros, el grupo de manifestantes disfrutaba de cerveza y presentaciones de baile.
Pero el ambiente festivo no le quitó peso a la manifestación, pues sus líderes pidieron la presencia en la zona de una comisión del alto gobierno para negociar sobre un agenda de 10 puntos, entre los que se destaca la necesidad de hacer una diferenciación entre mineros formales, informales, artesanales y criminales, para identificar plenamente quiénes son los que se dedican ilegalmente a estas actividades para evitar que se apliquen las penas de ley indiscriminadamente sobre todo entre quienes se dedican a la minería legal.
Los mineros hacen referencia específicamente al decreto 2235 de 2012, que busca contrarrestar la minería ilegal permitiendo la destrucción de la maquinaria que está dedicada para estos efectos, poniendo en la mira de las autoridades a personas que se han dedicado a la minería artesanal e informal.
Según informó el gobernador (e) del Chocó, Hugo Tobar, se espera una reunión antes de finalizar esta semana con los jefes de las carteras del Interior, Defensa, Minas, Medio Ambiente y Agricultura “para que, de manera articulada, puedan revisar los compromisos de la mesa porque la dinámica del Chocó es completamente distinta a la del resto del país”.
“Hemos dicho que estamos en desacuerdo con el decreto 2235, que es el que ordena la destrucción de la maquinaria. Todos los gobernadores hemos expresado nuestro desacuerdo con esa medida porque el Chocó y el Amazonas carecen de infraestructura vial y destruir esta maquinaria en medio de la selva es peor que incautarla y dársela a las alcaldías, gobernaciones o batallones de ingeniería para que le den un buen uso”, explicó el gobernador.
Además, los mineros también están demandando el cumplimiento de una serie de acuerdos que se realizaron el año pasado y que hasta el momento no se han cumplido. Entre ellos, la petición más recurrente se centra en la necesidad de legalizar la Mesa Departamental Minera y de permitirle a las comunidades el acceso a los títulos mineros.
“Precisamente el paro que estamos viendo hoy lo que está indicando es que se necesita tener en cuenta a la pequeña minería”, declaró la alcaldesa de Quibdó, Zulia Mena, para quien es preocupante que las minoría étnicas tengan cada vez menos participación de los títulos mineros.
“Este es un tema crítico. Creen que se resuelve con una reunión, con darles una casa comunitaria o darles una planta eléctrica a las comunidades. Lo que se necesita es reglamentar más la consulta previa y que desde el mismo Estado se garantice que los derechos de los pueblos realmente se puedan respetar, porque lo que está pasando hoy es sencillamente degradante”, dijo Mena, quien asegura que a las comunidades solicitan títulos pero no se les aprueban.
Para Mena, es importante que las movilizaciones se mantengan pacíficas pues es una forma de demostrarle al Gobierno que están siendo coordinadas por personas responsables y que tienen claro su reivindicación. Para ella, los señalamientos que reiteradamente hace el Gobierno Nacional frente a la infiltración de grupos armados ilegales en las marchas que se desarrollan en el país es una forma de deslegitimar la protesta.
“Se usan todos estos señalamientos para deslegitimar luchas que son justas”, declaró la alcaldesa quien aseguró que en un país tan polarizado, no hay forma de control sobre las personas que conforman el paro.
