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Alirio Barrera - Colprensa
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El partido de oposición al Gobierno puntualizó que el proyecto tiene inconsistencias y planteó lineamientos para mejorar el sistema de salud
Los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático, y miembros de la Comisión Séptima de Senado, radicaron ponencia negativa a la reforma a la salud propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro.
En primer lugar señalaron que la propuesta del gobierno no tendría un respaldo financiero claro. "El Ministerio de Hacienda ha estimado un costo de $109 billones solo para su primer año (2026), pero no explica de dónde saldrán esos recursos", explicó el documento.
Además se puntualizó que el Gobierno ha presentado cifras inconsistentes sobre los ingresos del sistema de salud en los próximos años.
En septiembre de 2024 se esperaba recaudar $1.260 billones entre 2025 y 2034. En marzo de 2025, la estimación subió a $1.336 billones y en agosto de ese mismo año ascendió a $1.576 billones para el periodo 2026-2036. Según expertos, este incremento de $316 billones en las proyecciones carece de un soporte técnico detallado.
Otro de los cuestionamientos es que la propuesta plantea la transición hacia un modelo de “aseguramiento social”, lo que, según algunos analistas, podría traer de regreso dificultades superadas en el pasado, como demoras en la atención, escasez de medicamentos y problemas en la continuidad de tratamientos.
Respecto a la gestión de recursos, la reforma plantea que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, concentre la administración de los recursos del sector. Según los críticos, esto genera inquietudes por el alto volumen de giros que se harían sin auditoría previa (85%) y por experiencias recientes de entidades estatales con dificultades de gestión.
Desde el Centro Democrático, se plantearon lineamientos para un sistema de salud que, en su concepto, combine sostenibilidad financiera y mejoras en la calidad de la atención. Algunos de estos fueron buscar fuentes adicionales de financiamiento sin afectar a los ciudadanos, garantizar salarios y condiciones laborales dignas al personal de salud, y acelerar los procesos de entrega de medicamentos y autorizaciones médicas.
A estos se suman fortalecer la atención en áreas rurales, reforzar los sistemas de control y transparencia mediante la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y la consolidación de plataformas de información existentes y exigir acreditación y cumplimiento financiero a las EPS.
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