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El agro está en boca de todos. Son cuatro álgidos temas que están dando de qué hablar por estos días a los colombianos: la Ley de Baldíos, que impulsa el Gobierno; el caso sobre las presuntas compras ilegales de tierras de Cargill y Riopaila Castilla; la restitución de tierras; y la Unidad Agrícola Familiar (UAF).
Con este panorama, el país se prepara para abrir un debate serio sobre la distribución de tierras, que busca, en últimas, hacer más competitivo el sector agrario.
El primer debate, que se librará en las dos próximas semanas, según afirmó el senador Jorge Enrique Robledo, es el de las compras de tierras de las empresas Ríopaila Castilla y Cargill, a quienes el exembajador en Washington, Carlos Urrutia Valenzuela, asesoró jurídicamente parra la adquisición de 40.000 hectáreas en Vichada.
“El señor Urrutia deberá responder sobre cuál era su papel como principal accionista de Brigard & Urrutia en esas compras ilegales”, dijo Robledo.
Según explicó el Senador, este escándalo fue el que dio el origen para la renuncia, de hace dos días, del exembajador en Washington. “La renuncia de Carlos Urrutia es un enorme triunfo para Colombia”.
Sin embargo, existe una preocupación fundamental: la estabilidad jurídica. Según explicó Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el debate no se debe centrar en las empresas que adquirieron esos terrenos. “Hay que darle la seguridad jurídica a cerca de 622.000 predios familiares que trabajan en la agricultura”
Es por eso que el dirigente gremial le pide al Gobierno que establezca las reglas de juego claras y que haya acuerdo entre todas las dependencias del Estado, facilitando los procesos.
El segundo debate que se vendrá es el de la Ley de Terrenos Baldíos, que estaba orientada a facilitar la distribución de tierras para familias pobres. En la última semana esta norma fue objetada por el Senado debido a que “no se garantiza el aprovechamiento de la tierra, pues la inversión que requiere poner a producir un predio exige un capital inicial que las familias pobres no pueden proveer”.
Esta polémica dará entrada para que se hable acerca del tercer punto: las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) y la cantidad de cada una de estas que pueda tener un solo propietario. En la actualidad se prohibe ser dueño de más de una UAF. Es por eso que el caso Riopaila - Cargill está en el ojo del huracán.
Por último, se debe seguir impulsando la Ley de Restitución de Tierras, que fue sancionada hace un año, pero que en este tiempo ha entregado resultados, beneficiando a más de 4.400 familias, entregándoles más de 12.100 hectáreas.
Urrutia financió campaña Santos
El senador Robledo también dijo que el exembajador en Estados Unidos le debe responder al país por la financiación de la campaña presidencial del presidente Juan Manuel Santos.
El parlamentario cuestionará a Urrutia por haber dado dinero para la aspiración de Santos a sabiendas de que la ley prohíbe que personas jurídicas hagan esos aportes.
Apoyos para 350.000 familias lecheras
El Ministerio de Agricultura anunció que cerca de 350.000 familias productoras de lácteos se verán beneficiadas con ocho medidas expedidas por la cartera, en las que se incluye la suspensión de un contingente de importación de lactosueros de cerca de 3.000 toneladas, la apropiación de recursos presupuestales para la compra de leche líquida. Así mismo, se expidieron otras normas que tendrán en cuenta decisiones en materia de comercio exterior, comercialización y consumo interno, terminarán por favorecer la generación de empleo en el agro y los ingresos de los productores. Minagricultura también anunció la reactivación, a través del Fondo de Estabilización de la Leche, recursos por $10.000 millones para la exportación de leche.
Las opiniones
Wilson Arias
Representante a la cámara
“Vamos a presentar nuevas pruebas que comprometen la clase empresarial colombiana. Hay pruebas documentales y grabaciones que hablan de ello”.
Rafael Mejía
Presidente de la SAC
“Con esta coyuntura se está cambiando el modelo agrario del país. Se debe tener un modelo agrario de Estado, que sea incluyente”.
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