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“Bloqueos, riesgo para la prestación de servicios públicos como acueducto y energía”

sábado, 12 de junio de 2021

La superintendente de servicios públicos explicó que la zona suroccidental es una de las más afectadas en el suministro de GLP

Anderson Urrego - aurrego@larepublica.com.co

El impacto de los bloqueos en la prestación de servicios públicos generó afectaciones en la región suroccidental del país. Derivado de esta situación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios registró inconvenientes en la movilización de residuos, transporte de GLP, energía y acueducto.

La superintendente de Servicios, Natasha Avendaño, habló en Inside LR sobre la repercusión de estas interrupciones y la toma de posesión de P&K.

¿Cómo se afectaron los servicios públicos por cuenta del paro y los bloqueos?

Hemos tenido varios reportes por afectación a la movilidad. Esto produjo un impacto a la recolección de residuos sólidos, particularmente en el Valle del Cauca, Cali y en las ciudades aledañas, porque las empresas no podían trasladar los desechos al relleno sanitario de Yotoco. Coordinamos operativos para sacar residuos la acumulación de 16.000 toneladas de residuos en las calles. En Cúcuta hubo una situación similar.

En materia de acueducto y alcantarillado, las empresas tenían insumos estancados para potabilización en puntos de bloqueo como en el caso de Bogotá. En energía se presentan dificultades por la dificultad de movilización de las cuadrillas para poder atender los daños; y en gas hay dificultades, por ejemplo en Buenaventura, para la prestación del servicio por redes. Y en GLP es un dolor de cabeza, debido a las restricciones por el temor de que se conviertan en explosivos rodantes.

Hay quejas por arreglos obligatorios diferidos a altas tasas, ¿qué medidas han tomado?

La regulación establece que se debe garantizar que al usuario se le cobre lo que consume, y la única manera de hacerlo es teniendo un equipo de medida adecuado y calibrado.

En los casos que hemos identificado se hace la verificación del proceso de cambio, que haya una razón justificada, y de no ser así, se pasa a las acciones de control, que es un memorando de investigación y potencialmente, una medida sancionatoria. Los usuarios tienen el derecho de comprar su propio medidor que cumpla con las condiciones técnicas.

¿Cómo se ha manejado la facturación por promedio y a qué porcentaje de las quejas corresponde?

El año pasado recibimos 260.000 trámites, de los cuales 205.000 fueron facturación. De esta última cantidad, la queja más recurrente es inconformidad con la medición del servicio o producción facturada, que fueron 127.500. Para cobros por promedio fueron 21.000. Para los primeros cinco meses de este año, hubo 73.400 trámites, por inconformidad en la medición del consumo son 30.000 y por promedio 2.194. En total, de los 73.400, 50.000 son por facturación.

Iniciamos varias acciones de control con los prestadores que presentaron inconsistencias. En energía y gas iniciamos 17 actuaciones administrativas que están en proceso por presuntas irregularidades en la facturación. En acueducto y alcantarillado iniciamos 41 procesos, de los cuales se han archivado cuatro por falta de pruebas.

¿Por qué deciden tomar posesión de la empresa P&K?

Después del huracán Iota se profundizó la deficiencia de la prestación en los servicios de alcantarillado y aseo en la isla. Se identificó que no había adecuada continuidad ni calidad del agua, y no existía un buen tratamiento en los residuos que generan las viviendas y comercios. En cuanto al sitio de disposición final para el servicio público de aseo, no es un relleno sanitario y no cuenta con licencia ambiental desde hace 10 años.

¿Cuáles eran los indicadores de incumplimiento?

Hubo deficiencias en aspectos técnicos, operativos y financieros. La empresa tenía un déficit de recaudo que no llegaba a 40%, además la continuidad no era de 24 horas al día, solo era de dos o tres horas al día, y las condiciones de calidad no era apta para el consumo humano.

¿A cuánto ascienden los incumplimientos, y cuál será la inversión necesaria en la isla?

Determinamos que la mejor manera era tomar posesión a través de una nueva figura, que nombra como agente especial a una persona jurídica para que enfrente la situación de la isla con un conocimiento técnico, operativo y administrativo. Esta persona jurídica se encargará de administrar los componentes y de canalizar la inversión, que tiene un estimado de $150.000 millones para los próximos tres años, entre operación e inversión.

¿Por qué escogieron a EPM para ser este agente especial?

EPM tiene más de 8,5 millones de usuarios en todos los servicios que presta, tiene 39 plantas de potabilización, 225 tanques de almacenamiento, casi 6.400 redes de acueducto. Tiene índices de continuidad en la prestación del servicio de 98,4% y ha hecho inversiones superiores a $554.000 millones.

LOS CONTRASTES

  • José Luis AceroViceministro de Agua

    “En Providencia y Santa Catalina, se instalaron plantas potabilizadoras portátiles con el fin de abastecer a la población con una dotación de 15 litros por persona al día”

¿La Nación a responderá, como pasó con Electricaribe?

Para este caso existe el fondo empresarial de la Superintendencia, así se canalizan los recursos, ya sean propios o de fideicomiso, se ponen a disposición mediante empréstitos a las empresas de servicios públicos intervenidas. El Gobierno busca poner los recursos a disposición de P&K para lograr la continuidad del servicio.

¿Qué porcentaje se podría destinar a la isla?

El fondo está en constante flujo porque entran recursos que son fruto de contribución adicional, multas o excesos de presupuestos no ejecutados de las comisiones de regulación de la Superintendencia. También puede recibir presupuesto nacional o de otras entidades. No hay límite, el límite es la garantía de la prestación del servicio.

¿Cuándo podremos esperar valoración de Electricaribe?

El 14 de mayo se cerró la etapa para que los acreedores de Electricaribe presentaran reclamaciones. Hubo más de 1.000.

EL PERFIL

Natasha Avendaño es magíster en Economía de la Universidad de los Andes, magíster en tributación internacional, comercio exterior y aduanas de la Universidad Externado de Colombia. También tiene un máster y un doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Berkeley. Fue directora de Gestión Organizacional en la Dian, entidad a la que estuvo vinculada desde 2012 y en la que también ocupó el cargo de subdirectora de Análisis Operacional. Trabajó en el Ministerio de Hacienda y asumió como superintendente de Servicios en 2018.

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