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Ajustes al proyecto de PGN entre mandatos
Investigaciones Económicas recalcó que, del aumento al PGN, $30 billones corresponden al supuesto de que en 2026 el gobierno no tomará acciones para reducir las amortizaciones de deuda
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Pese a que el gobierno radicó un PGN para 2027 que buscaría "sincerar las cuentas" y poner en evidencia los factores que la anterior administración no tuvo en cuenta, un análisis de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá reveló que ese aumento de casi $60 billones y la falta de acciones para reducir el gasto en amortizaciones son evidencia un proyecto sin estrategias para cambiar el rumbo de las finanzas públicas y que deja entrever el peor escenario posible, llevando el déficit fiscal de 2027 a 9,4% del PIB.
El aumento de $59,3 billones entre ambos proyectos se explica principalmente por un mayor reconocimiento del gasto en servicio de la deuda, que subió $37,4 billones bajo el supuesto de que el Gobierno no hará roll-over de deuda; así como por el sinceramiento del gasto de intereses. A esto se sumó un mayor presupuesto para personal, que creció $4,5 billones, lo que sugiere, de acuerdo con el informe, que el Ejecutivo ya incorpora una expectativa de ajuste del salario mínimo de 8% y no de 1,4% y que el proyecto no trae, por ahora, un recorte de nómina.
También subió el gasto en pensiones en $6,5 billones, debido al impacto del incremento salarial y los desafíos de deslizamiento; las transferencias en salud, en $2 billones, por los cálculos desfasados de la UPC; y se incluyó el pago del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, por $9,6 billones, que antes se contabilizaba a través de TES. No obstante, el incremento no fue mayor porque el PGN redujo en $3 billones la destinación a inversión.
Frente a este balance, Investigaciones Económicas recalcó que, del aumento al PGN, $30 billones corresponden al sinceramiento de esas partidas de gasto y otros $30 billones al supuesto de que en 2026 el gobierno no tomará acciones para reducir las amortizaciones de deuda de 2027, algo que calificó como "inusual y que corresponde entonces a la estrategia de Hacienda de mostrar un escenario en el que no realizan operaciones de manejo de deuda".
"Reducir las amortizaciones, como se ha hecho habitualmente, debería traducirse en un menor PGN, lo que abriría espacio al Gobierno para mejorar sus números fiscales, o como se mencionó redirigir recursos para atender el terremoto", enfatizó en el informe.

En cuanto al anuncio del gobierno de que presentará una Ley de Ajuste Fiscal para reducir el déficit de 2027 en 2,2 puntos del PIB , mediante una combinación de recortes de gasto y la eliminación de tratamientos diferenciales en el estatuto tributario, cuyo potencial recaudo rondaría 8,9% del PIB; Banco de Bogotá indicó que el ajuste podría terminar siendo incluso mayor al anunciado, teniendo en cuenta que, por el lado de los ingresos, la meta de recaudo tributario de $296,7 billones para 2027 luce conservadora frente a una expectativa de crecimiento de apenas 1,8%, que podría sorprender al alza, especialmente si la construcción, la manufactura y el sector minero-energético repuntan.
A su vez, por el lado del gasto, un ajuste del salario mínimo de un solo dígito moderaría las expectativas de inflación y de tasas de interés, con lo que se reducirían los gastos indexados al IPC, el costo de financiación de la deuda y las presiones sobre pensiones y nómina.
Con todo y eso, el deterioro fiscal se extendería más allá de 2027, debido a que, según advirtió Investigaciones Económicas, se alcanzarí un posible déficit primario de -3,5% del PIB en 2026, frente al -2,1% que incorporaba el Marco Fiscal de Mediano Plazo, por la elevada ejecución presupuestal y la ausencia de ajustes de gasto de la administración saliente.
De hecho, el gobierno confirmó esa alerta, con un déficit primario esperado de -3,3% del PIB, que ya incorpora un recorte de $21,9 billones, de los cuales $16,3 billones son exigidos por ley, tras la no aprobación de la Ley de Financiamiento y la caída de la emergencia económica de finales de 2025; mientras que $5,6 billones corresponderían a recorte discrecional adicional, dos factores con los que el déficit fiscal total de 2026 se ubicaría en 7,2% del PIB.
Para financiar ese mayor desbalance, Hacienda aumentó el cupo de emisiones de TES en $25 billones, hasta $110,25 billones, y prevé volver a los mercados internacionales con una emisión de bonos globales por cerca de USD3.000 millones, según explicó el nuevo director de Crédito Público, César Arias.
En cuanto al terremoto del 10 de agosto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que la emergencia se atenderá sin deteriorar las finanzas públicas, con una asignación presupuestal inicial de apenas $4 billones para 2026, que iría aumentando según la evolución de la emergencia. Del total, solo 15% se financiaría con deuda, mientras el resto provendría de reasignaciones presupuestales: traslados de la emergencia económica, regalías, la sobretasa del ACPM y recursos del Fonpet y de organismos multilaterales. El gobierno espera, además, que buena parte de la reconstrucción se apoye en incentivos al sector privado y alianzas público-privadas.
Al respecto, Banco de Bogotá planteó que la estrategia podría seguir el mismo camino de reorientación de partidas: si el gobierno finalmente sí hace roll-over de los vencimientos de deuda interna, algo que el PGN no está asumiendo explícitamente, los recursos presupuestados para amortizaciones quedarían libres y podrían redirigirse a la atención del terremoto.
Ahora bien, esa divergencia entre el escenario inercial y el que plantea el PGN también se refleja en la deuda neta del Gobierno Nacional Central, que en el escenario de inacción pasaría de 59,7% del PIB en 2026 a 82% en 2030, frente a un techo de 64,8% si se cumplen los supuestos del PGN, al mismo tiempo que en el frente de intereses Hacienda reconoció un gasto de 3,8% del PIB en 2026 y de 4,5% en 2027, un máximo reciente.
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