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Francisco Rossi Buenaventura, nuevo director del Invima
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Esto tiene el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de la institución y la modernización de cada uno de los trámites activos
Este lunes, 23 de diciembre, el Invima anunció medidas con el fin de optimizar el proceso de otorgamiento de registros sanitarios y autorizaciones de comercialización de productos. Esto tiene el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de la institución y la modernización de cada uno de los trámites.
Las mejoras se basarán en un proceso de automatización y simplificación de trámites, esperando mejorar la competitividad del sector de la salud y la economía local. En primer lugar, se establecerá un servicio en línea de tiempo real en el que los solicitantes puedan ver el estado de los documentos y llevar un seguimiento permanente del trámite.
La entidad afirmó que, de esta manera, se disminuyen tiempos y costos en procesos relacionados con: alimentos y bebidas, medicamentos y productos biológicos, cosméticos, aseo, plaguicidas, productos de higiene doméstica y dispositivos médicos. Todo esto mediante la emisión de registros automáticos y semiautomáticos.
Además de la optimización del tiempo, se reducen los riesgos de corrupción en el otorgamiento de autorizaciones de autorizaciones de comercialización. La implementación de herramientas digitales, en tiempo real, ayuda a monitorizar permanentemente cada una de las solicitudes.
“El objetivo de estas medidas apunta a consolidar un modelo enfocado en los riesgos y promueve una gestión más moderna y eficiente. El Invima se enfocará más en la inspección, vigilancia y control que en la etapa de otorgamiento de registros”, dijo Francisco Rossi Buenaventura, director general del Invima.
El alcalde de Bogotá también señaló que el ministro de Justicia designado, Iván Cancio, manifestó su disposición para trabajar en las iniciativas
La modernización de los medidores se encuentra respaldada en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994
Del total de ese dinero, proponen que se destinen $90 billones a la inversión pública, mientras que $367,6 billones son para gastos de funcionamiento y $118 billones para el servicio de la deuda
