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Sandra Fonseca, directora de Asoenergía, en una intervención pública
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La directora ejecutiva de Asoenergía, dijo que la demanda se encuentra preocupada con las decisiones planteadas por la Creg
La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asoenergía, señaló que la decisión de otorgar prioridad de abastecimiento de gasa las plantas térmicas por encima de la demanda industrial carece de sustento regulatorio, económico y social.
Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, dijo que la demanda está preocupada con las decisiones planteadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg.
"Un mantenimiento programado de una regasificadora que atiende mayoritariamente a unos generadores privados, plenamente previsible, anunciado con antelación, no puede considerarse como una situación no transitoria ni, en consecuencia, dar lugar a la figura de Racionamiento Programado de Gas Natural, definida como una situación de déficit de duración indeterminada, originada en una limitación técnica identificada, incluyendo la falta de recursos energéticos o una catástrofe natural, que implica que el suministro o transporte de gas natural resulta insuficiente para atender la demanda", señaló Fonseca.
La líder gremial señaló que esto es responsabilidad del Gobierno, y que esto "evidencia la débil gestión a la situación de balance del país en gas natural. Es claro que se carece de las herramientas necesarias para proyectar resultados confiables, lo que incrementa la incertidumbre para los usuarios".
Desde Asoenergía indicaron que es importante señalar que los costos de racionamiento del sector industrial en el área Caribe son superiores al sector Termoeléctrico como consta en el documento Upme, por lo que las industrias ubicadas en esta región no deberían ser afectadas por este potencial racionamiento programado de gas natural.
Agregaron que es evidente que actualmente no se presenta una situación crítica de orden hidrológico, ni la ocurrencia del fenómeno de El Niño, ni un déficit en los embalses. Por lo que dicen que no existirían las condiciones para activar la aplicación de exigencia de las Obligaciones de Energía Firme del cargo por confiabilidad y trasladar ese costo a los usuarios de gas.
Indicaron que si esa decisión se mantenía "como precedente para este y para eventos futuros, se debe definir la compensación económica a corto y largo plazo, para los usuarios de gas, que se ven afectados".
Finalizaron señalando que exhortan al gobierno a buscar una solución integral que optimice los volúmenes importados a largo plazo con el mejor precio posible, lo cual dicen que no se logra excluyendo a la llamada demanda no esencial, es decir al sector productivo de la economía.
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