Agencia Nacional de Infraestructura pagará US$1,3 billones por proyecto Perimetral

El Ministerio de Transporte de Colombia enfrentará el pago de una indemnización de aproximadamente US$1,3 billones por los perjuicios ocasionados en la Concesión Perimetral Oriental de Bogotá.

El Tribunal exoneró a POB de toda responsabilidad por la imposibilidad de ejecutar sus obligaciones en las Unidades Funcionales (UF) 4 y 5, y determinó que POB cumplió con el contrato, incluidas las actividades de operación y mantenimiento en esas unidades.

Asimismo, el Tribunal dispuso la terminación anticipada del contrato de concesión, atendiendo la solicitud de la ANI, debido a las problemáticas relacionadas con las Unidades Funcionales 4 y 5 y la imposibilidad de continuar con las actividades constructivas.

Por su parte, Perimetral Oriental de Bogotá reiteró su disposición para trabajar en conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura ,ANI, de la República de Colombia y las demás autoridades competentes, con el fin de asegurar el avance del proyecto, priorizando el bienestar social, económico y ambiental de Colombia.

El proyecto Perimetral de Oriente fue concebido como una solución estratégica para conectar el norte de Bogotá con la vía al Llano, a la altura de Cáqueza. Dividido en cinco unidades funcionales, el trazado busca mejorar la movilidad regional mediante nuevas vías y rehabilitación de carreteras existentes.

Sin embargo, los tramos 4 y 5, fundamentales para completar la conexión entre La Calera, Choachí y Cáqueza, quedaron inconclusos debido a irregularidades administrativas y operativas, lo que contribuyó a la controversia legal.

Medios de comunicación israelíes reportaron que el conflicto surgió por errores en la planificación que obstaculizaron la finalización del proyecto. De la compensación total, la mitad corresponderá a Shikun & Binui, quien lideró el consorcio encargado de la obra junto con el grupo colombiano Grodco.

Aunque la empresa israelí espera que el monto cubra todos los costos y las pérdidas de ganancias, aún persisten dudas sobre los plazos y la forma en que se realizará el pago.

El proyecto, que lleva más de ocho años de ejecución, acumula apenas un avance general de 50%, muy por debajo de las expectativas iniciales, lo que ha generado frustración tanto en las comunidades como en los contratistas.

Se espera que el caso también reactive discusiones sobre el impacto social y ambiental de la obra, ya que, en las áreas afectadas, comunidades locales han protestado por la instalación de nuevos peajes y el daño al turismo y ecosistemas cercanos. Hasta el momento, el Ministerio de Transporte no ha emitido ningún comentario oficial sobre el fallo ni sobre los retrasos en la ejecución del proyecto.