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"Afinia y Air-e pagaron más de $6,4 billones para operar servicio en la Costa Caribe"

martes, 2 de agosto de 2022

Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos saliente

Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos saliente, dio un balance sobre cobertura, retos y el cambio de Gobierno

Modernización de la entidad, desentrabe del problema con la liquidada Electricaribe, y la toma de posesión de diferentes empresas que no cumplían adecuadamente con sus funciones fueron los tres ejes en los que Natasha Avendaño, superintendente de Servicio, sintetizó lo que fue su administración.

Reveló la cifra de cuánto costó están invirtiendo las hoy Afinia y Air-e para operar el servicio de energía en la Costa Caribe, así como dio un balance de la cobertura de temas como agua potable, aseo o gas natural.

¿Cómo resume los logros del cuatrienio?
Uno de los grandes logros fue la modernización de la entidad. Esto es importante porque se fortaleció su planta, se mejoró su infraestructura y esto es algo que queda para la posteridad. Tenemos ahora siete direcciones territoriales, antes eran cinco. Elevamos la importancia del usuario y obviamente fortalecimos todas las áreas para seguir haciendo inspección, vigilancia y control de los servicios públicos.
Lideramos la solución a la problemática de Electricaribe. Logramos hacer todos los pasos para separar los mercados a las dos empresas que hoy operan en la Costa Caribe.
Y llegamos a tomar posesión de dos empresas de servicios públicos, por razones distintas, pero viendo al usuario como una prioridad.

¿Da por terminada la transición de Electricaribe?
La cercanía ha sido mayor porque desde que se inició el proceso de venta de los activos se incluyen unas cláusulas no negociables de suscribir unos programas de gestión de largo plazo con la Superintendencia. Estos son los procesos de gestión más ambiciosos que se han firmado en esta SuperServicios, que buscan hacer seguimiento trimestral en esas ocho dimensiones para estar muy de cerca de la evolución.

¿Cuáles son esos indicadores?
En el caso de Air-e está por encima de 85% de cumplimiento global de los indicadores, en el caso de Afinia es 75%. Pero en términos generales se están haciendo las inversiones que son parte del valor de la transacción de esa obligación que ellos adquirieron contractualmente y se está avanzado en generar unas mejoras en la calidad de los servicios. Esos informes son públicos, se hacen seguimiento trimestral y así deberá seguir la Superintendencia en estos próximos cuatro años que le quedan a los programas de gestión.

¿Finalmente cómo se dividen los costos de la transacción?
El valor de la transacción tiene tres componentes y sin alguno de ellos, no se hubiese podido cerrar. El primer componente es la obligación mínima de inversión de ambos mercados que fue de $5,7 billones. El segundo componente fue el pago por capitalización de las nuevas sociedades que se hizo por $567.862 millones, y el tercer componente, fue el pago a la fiduciaria Foneca por las acciones. En este caso fueron por $149.207 millones.

Esto significa que el valor global de la transacción de Electricaribe con los privados Afinia y Air-e fue de $6,4 billones. Hay otro número que es muy importante que fue el que puso el Gobierno Nacional durante el proceso de posesión de Electricaribe para que se diera la venta de los mercados. Ese valor fue de $7,5 billones adicionales.

¿Cómo quedan los porcentajes de cobertura de servicios?
Estas son cifras sin detalle. El sector rural está por encima del 50% de cobertura de agua potable. En el sector urbano está por casi 70%, teniendo en cuenta las condiciones de continuidad, es decir, que a la gente le llegue todos los días.

¿Cree que se cumpla el calendario de Hidroituango?
EPM tenía unas obligaciones de energía en firme, estas son otorgadas en una subasta de disponibilidad eléctrica del país, por lo tanto, tendría que entrar a producir energía cuando se espera según las subastas, y el no hacerlo, genera unas sanciones que fue lo que ya pasó. Nosotros hemos venido haciendo el seguimiento y recibiendo información de ellos para estar muy cerca de los avances del proyecto tal como se lo mencionamos al gobierno entrante. Ese es un acompañamiento sano que se debe de hacer en un cronograma que es bastante estrecho.

¿Cuánto costaría otra multa?
Depende de todo un proceso de investigación. La única referencia es la sanción por $1.800 millones en noviembre.

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