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Los pliegos tipo son para las licitaciones de obras públicas de infraestructura de transporte.
Este lunes, el presidente Iván Duque firmó el decreto para la implementación de los pliegos tipo para las licitaciones de obras públicas de infraestructura de transporte, una medida apoyada por gremios y expertos del sector, quienes la catalogan como una herramienta para luchar contra la corrupción en los procesos de contratación estatal.
Las nuevas reglas de juego empezarán a regir a partir del 1 de abril y permitirán que los procesos en este tipo de obras tengan parámetros obligatorios para las entidades del Estado. Para Juan Manuel González, socio de la firma Pinilla, González & Prieto, los pliegos tipo son condiciones estándar que deben cumplir los proponentes para contratar con el Estado colombiano.
"Es decir, buscan eliminar la subjetividad en la confección de pliegos de condiciones, evitando el direccionamiento de los procesos por medio del ‘pliego sastre’ o la medida del contratista favorecido”.
Los pliegos tipo están conformados por unos formatos unificados en materia de cronogramas, presupuesto, experiencia, indicadores financieros y organizacionales, entre otros requisitos, lo que permite que la licitación no se construya a la medida de algunos contratistas. Adicionalmente, democratiza la contratación al promover la pluralidad de oferentes, pues según la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), 80% de los contratos de alcaldías y gobernaciones queda en manos de únicos oferentes.
La preocupación por cómo se dan los procesos de contratación a nivel de entidades territoriales quedó registrada en una encuesta hecha por la CCI, donde 19% de los consultados cree que en las gobernaciones no hay transparencia en los procedimientos. Para el caso de alcaldías municipales fue de 14% y a nivel nacional, de 34%.
El Gobierno Nacional espera que las pequeñas y medianas empresas sean una de las beneficiadas, al tener un estándar básico de contratación. Además, de los colombianos, pues se defiende el patrimonio público y se reduce el riesgo de que se presenten colusiones. Esta herramienta debe ser implementada por todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
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