Una de las posibles soluciones a la crisis del sistema de salud colombiano sería la creación de un mecanismo especial para la adquisición de los medicamentos y servicios que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, el cual permita la competencia y conlleve a la reducción de los costos.
Para Ramiro Guerrero, director del Centro de Estudios en Protección y Economía de la Salud, Proesa, una parte del problema del sector no es propiamente lo que representa al país el pago de los productos que no están en el POS, sino que no hay claridad sobre un sistema que establezca los precios de medicamentos y servicios que se prestan en este segmento.
Explicó que el Estado delega la facultad de comprar medicinas en las Entidades Promotoras de Salud, EPS, cuando se trata de fármacos incluidos en el POS. “En ese caso las entidad negocia mucho las tarifas y logran costos económicos”, dijo. Pero, en el caso de los procedimientos y medicamentos que no están en el Plan Obligatorio de Salud, se habilitó un mecanismo de compras en el que no media la competencia, ni la negociación, ni la racionalización del gasto y se genera la inflación de los precios, explicó el investigador.
“Los jueces empiezan a ordenar la aplicación de una medicina por una tutela, el laboratorio sube los precios, las IPS, que son las que prestan el servicio, lo hacen también. Entonces el problema no es tanto el No POS, sino la forma como se paga y se compra”, dijo.
Se estima que el 80% de los recobros que hacen las EPS al Estado corresponden a medicamentos. Según Afidro, varias investigaciones han puesto en evidencia los grandes sobrecostos por la intermediación, los cuales llegan en muchos casos al 500% del valor al cual lo vende el laboratorio.
Por eso la propuesta de Proesa, un centro de investigación en salud situado en Cali, es que se cree una unidad especializada para negociar precios y contratar la provisión de servicios No POS en condiciones predefinidas. Otra recomendación es que el Estado ejerza una mayor vigilancia y control a las entidades que prestan el servicio de salud. “Si el Estado habilita la participación de privados en la salud tiene que hacerse diez veces más efectivo como regulador y vigilante. Creo que ha habido algo de facilismo en el sentido de que se entrega una actividad y se deja suelta”.
Este centro de investigación también propone como salidas a la crisis del sector de la salud: que se agilicen los pagos represados y se inyecte liquidez al sistema en el corto plazo, que el Gobierno y la rama judicial busquen acuerdos para eliminar contradicciones en la regulación y que se implanta transparencia en la contabilidad de las entidades del sector.
Mientras tanto Afidro, que agremia a los laboratorios de investigación, considera que una de las alternativas para la salud es que se cree una política que no sacrifique la calidad de los medicamentos, ni las necesidades de la gente, al tiempo que permite precios razonables dentro de la sana competencia.
Más inversión
Según un análisis realizado por Proesa, la inversión real de sector de la salud creció entre 2005 y 2010 a tasas del 20% anuales. El PIB de los servicios sociales y de salud varió 5,4% en promedio en los últimos once años; el volumen de metros cuadrados aprobados para la construcción de hospitales ha sido constante en los últimos 5 años con 250.000 metros cuadrados y el número de Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud, IPS, privadas va en aumento. Al año 2012 había 1.497 privadas y 132 públicas. “Lo que vemos es un sector que crece a un ritmo más alto que la economía, que crea empleos permanentes, que invierte en infraestructura hospitalaria, que compra bienes de capital y crea nuevas compañías. ¿Demuestran estas cifras un comportamiento miope por parte de los inversionistas? ¿Están las empresas invirtiendo en un barco que se hunde?” se pregunta Sergio Prada, investigador de Proesa.
