Las recetas de la Ocde para asegurar que Colombia pueda ingresar en 2016

Ya son más de 300 recomendaciones las que ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que se convierten en la receta para asegurar la entrada del país al llamado club de las buenas prácticas, que el Gobierno proyecta para 2016.

El proceso de adhesión de Colombia al grupo de 34 economías va viento en popa, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Luego de que en 2013 el país recibiera la invitación formal para ser parte de la Organización y la hoja de ruta para el proceso, en este año entregó el Memorándum Inicial, en el que toma posición sobre los 250 instrumentos jurídicos que contienen los estándares de la Ocde. Con esto se empezó formalmente la evaluación a las políticas y la agenda de reformas.

Los expertos coinciden en que el solo hecho de entrar en la senda de desarrollo que exige la Ocde ya es ganancia y muchos académicos comenzaron a respirar aliviados al ver que los giros de política que se han pedido durante los últimos años también fueron recomendados por los pares evaluadores, con lo que los cambios se tendrían que hacer realidad.

Es el caso del reforzamiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que de acuerdo con la Organización debe mejorar su capacidad de guiar en las mejoras de deficiencias a mediano y largo plazo. Esta es una crítica reiterada de los expertos, quienes señalan que el DNP perdió su norte tras encargarse de las regalías.

Para Jaime Acosta Puerta, consultor experto en innovación, esta es una gran oportunidad, pero hay que superar unos lastres primero, ajustando el modelo económico, haciendo arreglos institucionales y un mayor alineamiento a las organizaciones internacionales a las que el país está inscrito, para poder hacer los cambios.

Colombia debe recibir el aval de los 23 comités que conforman la Organización, en temas como educación, agricultura, energía, salud, comercio, pensiones, entre otros, para que luego los miembros evalúen su ingreso.

El tema no será fácil porque de las cientos de recomendaciones, hay unas que son estructurales, lo que hará que no todas se cumplan para 2016. Sin embargo, Simon Upton, director de Medio Ambiente de la Ocde, indicó que obviamente para la fecha de la evaluación habrá elementos que no se habrán podido cumplir, pero se puede pedir más tiempo o “convencer a los miembros de la Organización de que Colombia tiene la intención de implementar los cambios, y no solo con el plan, sino con la plata”.

Por parte del Gobierno hay disposición para acelerar el proceso. El viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Andrés Restrepo, dijo que la mayoría de las discusiones sobre las reformas tienen que ver con la forma en que se hacen las cosas, más que con recursos, pero “sin duda habrá temas de regulación que exigen mayores recursos y desde el Ministerio lo que tenemos es un mandato en el que esto es una prioridad, pero dentro del marco fiscal”.

Las reformas ya comenzaron, la Ocde recomendó hacer una tributaria encaminada a reducir los costos laborales, lo que se hizo con la Ley 1607 de 2012, para ayudar a mejorar el empleo formal; sin embargo, de acuerdo con el informe del año pasado, no fue suficiente y son necesarios más recortes a las cotizaciones de seguridad social y otros pagos obligatorios.

Saúl Pineda, director del Cepec de la Universidad del Rosario, afirmó que en la perspectiva de entrada plena al club en 2016, “es evidente que los indicadores de desempeño en esas exigencias siguen siendo muy precarios”. Indicó que los temas más urgentes son la transparencia en las decisiones gubernamentales, las políticas regulatorias y de la libre competencia, además, de problemas complejos como la calidad de la educación y los acuerdos de mínimo en la regulación ambiental del sector minero.

Ministerios como el de Ambiente ya tienen grupos trabajando en las recomendaciones hechas por la Ocde y se prepara un fuerte trabajo interinstitucional para sacar adelante las reformas.

Empleo y salario, en macroeconomía
Reducir los costos laborales no salariales a través de una reforma tributaria. Recomienda nuevos recortes en cotizaciones de seguridad social.
Evitar aumentar el salario mínimo por encima de la inflación (1,9% en 2013). Propone que su fijación sea diferenciada por región y edad.
Garantizar que la nueva distribución de las regalías en las regiones se traduzca en proyectos viables que impulsen la productividad.
Mejorar la “tramitomanía”, reduciendo tiempos, y mejorar la supervisión de las instituciones vulnerables a la corrupción.
Promover la apertura comercial mediante la continuación de la reducción gradual de los aranceles.
Hacer que el sistema de pensiones sea menos regresivo y ampliar su cobertura.

Reforzamiento del DNP, en gobernanza
Considerar la creación de un Ministerio de Presidencia, el cual sea responsable de la coordinación del día a día de las operaciones del Gobierno.
Reforzar el Departamento Nacional de Planeación, para que contribuya en las estrategias nacionales con debilidades a mediano y largo plazo.
Reducir las rigideces presupuestarias, causadas por la asignación de recursos por fórmulas.
Considerar el refuerzo de la regla fiscal con una regla de gasto.
Mejorar las capacidades de los entes descentralizados a través del Plan Nacional de Desarrollo y el Sistema de Regalías, para tener una mejor coordinación de las agendas.
Clarificar ampliamente los procesos de la Procuraduría para ejercer acciones preventivas.

Mayores impuestos, en ambiente
Evaluar cómo podría ampliarse la aplicación de impuestos relacionados con el medio ambiente, entre ellos el de la gasolina y a las mineras.
Integrar los criterios ambientales a las políticas para la redistribución de tierra y la reforma agraria y fortalecer la vigilancia de los POT.
Elaborar normas técnicas para las CAR y mejorar la coherencia del sistema de información ambiental.
Evaluar los subsidios relacionados con el agua en todos los sectores y mejorar la focalización de recursos para ampliar el acceso a este servicio.Evaluar los impactos ambientales de los TLC.
Promover un incremento de la inversión en infraestructura para aumentar la capacidad de tratamiento de los rellenos sanitarios.

Más grados, en educación
El Gobierno debería introducir un grado 12 de escolaridad o un curso-puente entre el bachillerato y la educación superior, para hacer frente a la falta de preparación de los jóvenes para la universidad.
Debe presentarse una nueva propuesta para la reforma de la Ley 30 después de un periodo de revisión y consultas adicionales con los grupos interesados.
Aumentar los recursos del Icetex, aliviar la carga de la amortización de los créditos para los jóvenes egresados y reducir los índices de impago.
Los programas de educación superior deberían incluir módulos sobre competencias generales que todas las empresas desean en sus empleados.
Crear mecanismos de financiamiento basados en resultados de las instituciones.

Mejor servicio, en telecomunicaciones
Independencia de la CRC y la SIC del Gobierno Nacional para lograr una separación entre la política industrial y la regulación de competencia.
Multas a los operadores por el incumplimiento de la regulación deben ser lo suficientemente cuantiosas para que respeten la ley.
Dictar normas para mejorar la transparencia en los servicios de roaming, para evitar facturas exorbitantes.
Acelerar el proceso de presentación de quejas, lo que puede requerir un cambio legislativo para acordar los plazos y procedimientos.
Revisar la concentración del mercado en algunos operadores y evitar los diferenciales de precios anticompetitivos.
Eliminar progresivamente el sistema de estratificación de los servicios de telecomunicación.

Aumentar recursos, en innovación
Aumentar considerablemente los recursos invertidos en ciencia y tecnología y los esfuerzos para estimular la investigación.
Además de las patentes, apoyar el uso de instrumentos como marcas registradas, derechos de autor, derechos de diseño y protección de conocimientos tradicionales e indicadores geográficos.
Fomentar el desarrollo de contenidos y aplicaciones locales que atiendan necesidades específicas de negocios. Ampliar iniciativas como Apps.co.
Mejorar la carga administrativa de algunas empresas, los obstáculos de las pyme para obtener financiación y los problemas para las inversiones de mayor riesgo.
Desenredar la mezcla de funciones de formulación e implementación de políticas en Colciencias.

En regulación y comercio también habrá cambios
La Ocde ha hecho estudios amplios sobre la regulación en Colombia para evitar que haya caso de colusión. Para la Organización es necesario promover la competencia a través de un mayor número de proponentes en las licitaciones y se deben diseñar los procesos de manera que se reduzca al mínimo la oportunidad de comunicación entre los oferentes.
Así mismo, propone el fomento de agencias de contratación que utilicen el sistema de subastas electrónico, para fortalecer los esfuerzos por reducir la corrupción e incluir en las invitaciones a licitar una advertencia sobre las sanciones en caso de que haya una manipulación de la misma.
En el tema comercial, se han vislumbrado recomendaciones como acelerar la exploración de oportunidades para incentivar “clusters”, pero no sólo los relacionados con las industrias extractivas y energéticas.

Las opiniones

Andrés Restrepo
viceministro Técnico de Hacienda
“Habrá temas de regulación que exigen mayores recursos y tenemos un mandato en el que la Ocde es prioridad, pero dentro del marco fiscal”.

Simon Upton
Director de Medio Ambiente de la Ocde
“Se puede convencer a los miembros de la Ocde de que Colombia tiene la intención de hacer los cambios, no solo con el plan sino con la plata”.