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En un plazo de 90 días, Gobierno debe reglamentar la normativa del fondeo

sábado, 26 de octubre de 2013
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Andrea Carranza Garzón

Uno de los temas más polémicos del proyecto del Nuevo Estatuto Aduanero es el del fondeo de mercancías a mar abierto o en el río Magdalena.

Ante las críticas de la sociedad barranquillera y en sí de la región Caribe, el Gobierno decidió hacer la reglamentación de dicha iniciativa en un plazo de 90 días.

El pasado viernes, en el Palacio de Nariño tomaron esta decisión: la secretaria general del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, María Lorena Gutiérrez; la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa; la alta consejera Presidencial para la Gestión Pública y Privada, Catalina Crane; el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega; y Claudia Ramírez, directora de Aduanas de la Dian, por parte del Gobierno Nacional y la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera de la Espriella; Miguel Vergara, secretario de Planeación de la Alcaldía de Barranquilla; representante de Asoportuario, Antonio Felfle; y Beatriz Vélez, presidenta del Comité Intergremial del Atlántico.

En dicha reunión se acordó que el Estatuto Aduanero abarcará, de forma general, los temas relativos a las operaciones de fondeo. Se reglamentará los temas relacionados con la seguridad operacional, ambiente, legal y tarifario, que tenga relación con el fondeo. Las mesas de concertación establecidas acompañarán al Gobierno Nacional en la elaboración de dicha reglamentación. En este periodo de transición, se seguirá con la normativa vigente en materia de fondeo, entendido como una operación excepcional y no permanente.

El proyecto de decreto del Nuevo Estatuto viene trabajándose desde hace más de dos años; sin embargo, su expedición se ha visto postergada por distintas preocupaciones de los gremios, entre esas las relacionadas con las sanciones y últimamente la que tiene que ver con el fondeo.

Esta última iniciativa suscitó serias críticas. Incluso, la alcaldesa Noguera afirmó a LR que “el descargue flotante le costaría al país perder la infraestructura portuaria”. Dicho artículo también tiene una tutela por parte de las comunidades afrodescendientes que dicen verse afectadas.

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