Mas de cinco millones de obstáculos

Hay un problema de exceso de regulación en Colombia. Es obvio que no soy el primero en decirlo. Hace algunos años rondaba una cifra que le daba dimensiones claras al tema. Según recuerdo, se estimaba que desde 1820 se habían creado cerca de seis millones de leyes en el país, la mayoría de las cuales estaban vigentes. A esta explosión normativa de la rama legislativa hay que agregar el creciente número de decretos, resoluciones y directivas de la rama ejecutiva, que de acuerdo con un estudio del Departamento Nacional de Planeación de 2019 sumaban casi 30.000 solo en las primeras dos décadas de este siglo. Y no se pueden olvidar las ordenanzas de las Asambleas Departamentales y los acuerdos de los Consejos Municipales.

Son cifras escandalosas. El problema es de tal magnitud que desde hace por lo menos cuatro décadas sucesivos gobiernos han lanzado iniciativas que buscan atajar esta epidemia regulatoria sin mayor éxito, como se puede concluir de los resultados descritos anteriormente. Y no es que podamos prescindir de leyes y regulaciones. Las sociedades han aceptado que hay dos formas de actuar en convivencia. Una por convicción, y la otra por obligación. De aquí que las normas, ya sea que provengan de autoridades nacionales, departamentales o municipales, del congreso las asambleas o los concejos, buscan incidir sobre el comportamiento de ciudadanos en diferentes áreas de su vida. Por esto la importancia de que logren su objetivo y tengan el impacto deseado, para lo cual entender la manera en que las personas actuarán frente a la regulación es esencial. La psicología desde hace años, y más recientemente la economía y otras ciencias han intentado descifrar el comportamiento humano, y aunque todavía hay mucho por profundizar, está claro que los incentivos, tanto extrínsecos como intrínsecos, son fundamentales.

Algunos países como el Reino Unido y Australia han creado unidades de perspectivas comportamentales dentro de sus gobiernos buscando un impacto más efectivo en la construcción de políticas públicas y regulaciones. Desafortunadamente, en Colombia estamos bastante rezagados y hasta ahora es más bien incipiente la inclusión de estos criterios en la formulación de políticas públicas.

Por esta razón, la mayor parte de las instituciones y entidades van expidiendo leyes, decretos, resoluciones y directivas sin tener en cuenta cual va a ser el impacto sobre los ciudadanos. Sin analizar si la norma va a cumplir el objetivo con el que fue elaborada, o si por el contrario va a estimular el comportamiento que se quiere erradicar.

No, aquí en Colombia muchas de las leyes y de las normas no se abordan con base en los incentivos que se van a generar, sino en la respuesta que se espera de la audiencia, por lo que, entre más moralistas y autoritarias, mejor. Así terminamos con un marco regulatorio que desestimula la innovación, que parte de la mala fe de funcionarios públicos y que pone más trabas de las necesarias a los ciudadanos de a pie, esperando que a punta de obstáculos se consiga que los que incumplen la ley pierdan incentivos para delinquir. Para completar, como las normas no tienen el efecto deseado, la solución termina siendo más normas, más duras, para continuar así con el circulo vicioso y la explosión normativa en la que hemos terminado. Mientras no se incorpore la perspectiva del incentivo en formulación, la calidad regulatoria en el país va a ser más un obstáculo que un estímulo. Otros países ya lo han hecho. No nos quedemos atrás.