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La noticia de esta semana es que la Corte Suprema eligió como Fiscal General de la Nación al destacado jurista, economista, académico y servidor público Néstor Humberto Martínez Neira. El país necesita que su talante personal, trayectoria pública y liderazgo, reconstruyan la confianza ciudadana en la administración de justicia, hoy en el suelo, en la transparencia de la institución, hoy cuestionada y en acabar con la politización de la Fiscalía, hoy heredada.
En el campo económico y empresarial, es fundamental combatir la corrupción y de suma importancia no permitir que se use la Fiscalía para que el comercio resuelva sus diferencias y disputas de carácter civil, por impulso de abogados que de manera temeraria las llevan al campo penal. No más imputaciones y terrorismo institucional por los medios de comunicación. El Fiscal Martínez Neira debe reforzar estas líneas de conducta.
En la coyuntura actual, la Fiscalía tendrá un papel importante para que la Justicia Especial para la Paz convenida en La Habana logre su cometido; y, por supuesto, es su obligación cumplir su objetivo, ser instrumento para administrar justicia de manera transparente, pronta y confiable, atacar la delincuencia y desenmascarar la corrupción. Así, su mayor logro debe ser que las actuaciones de la Fiscalía sean respetadas por los ciudadanos, en derecho, prontas y sin cometer abusos.
La corrupción carcome la institucionalidad, destruye la productividad y la competitividad, frena la inversión y golpea el crecimiento económico. Colombia, según Transparencia Internacional, cuenta con un Índice de Percepción de Corrupción inaceptable; esta percepción, sobre cómo la corrupción afecta al sector público, no levanta y sigue muy por debajo de países de la región que están bien calificados como Chile y Uruguay.
La corrupción desvía ingresos nacionales, departamentales y municipales. La falta de educación, la mediocridad e inmersa dentro de ellas la corrupción, contribuyen a la ineficiencia de las actividades y servicios de los gobiernos. La corrupción es enemiga del desarrollo. A nivel interno, el Índice de Transparencia Departamental es más alto en regiones de mayor PIB per cápita, tales como Antioquia y Santander; a menor corrupción mayor PIB.
Según cifras oficiales del Gobierno, más de la mitad de los colombianos creemos que la corrupción es uno de los tres grandes problemas que tiene nuestra Patria, junto con el desempleo y la delincuencia común. En mi opinión la educación hace la diferencia y potencializa el crecimiento económico y social. Según la Sociedad Colombiana de Economistas, la corrupción le cuesta al país el equivalente anual a 4% del PIB nacional.
El Fiscal General entra a ser un jugador estratégico en la recomposición del país, teniendo también como tarea articular a sus investigadores en los temas que están adelantando entes estatales de vigilancia y control, como por ejemplo la SIC investigando cartelización y las contralorías departamentales y municipales revisando el manejo de recursos públicos. Además, la innovación tecnológica será pieza clave para avanzar en política criminal.
La impunidad y la lentitud en los procesos judiciales son principalísimas causas de crecimiento de la corrupción, de ahí la importancia mayúscula de la eficacia y transparencia en el actuar de la Fiscalía. Por ello, el Fiscal Néstor Humberto Martínez debe posicionar el ataque a la corrupción como prioridad en la agenda pública.
