Desajuste económico

La devaluación en Colombia superó el 30% en el último año; la tasa de cambio que era del orden de $1.900, hoy está por encima de los $2.500. En teoría, las exportaciones deberían subir en valor como consecuencia de la devaluación, pero por la alta dependencia del sector minero y petrolero que está en crisis por pérdida de precios, las exportaciones este año se vienen deteriorando. Lo anterior se evidencia, además, en que se viene acrecentando el déficit comercial, con el desbalance más alto de la historia en comercio internacional. 

Vendíamos petróleo a US$90 y hoy internacionalmente el precio del barril se negocia a US$60. El margen de la industria petrolera se destrozó, incluida la empresa más grande del país, Ecopetrol, generadora de ingresos al Gobierno central, con lo que ésta fuente de recursos se aminora, con igual efecto en la cadena industrial de ese sector.

La devaluación generalmente es inflacionaria, lo que comienza a reflejarse en nuestro país, superando lo planeado en esta materia por el gobierno y el Banco de la República. Vamos a terminar el año con devaluación superior al crecimiento económico que está en descenso, probablemente por debajo del 3%. 

Para completar, al revivir el presidente Maduro el conflicto limítrofe del Golfo de Coquivacoa que compartimos Venezuela y Colombia, se va a deteriorar aún más el comercio bilateral, acrecentar el contrabando, afectar el apetito de las multinacionales en la exploración petrolera y como si fuera poco, el anuncio del Gobierno vecino influye en nuestra seguridad nacional. 

El presidente Santos cuenta hoy con baja credibilidad entre sus gobernados, afronta temas delicados como el proceso de paz, la crisis de la justicia, el deterioro de la seguridad y los desajustes económicos, entre muchos otros, a lo que se le suma la obligación de atender con diplomacia y firmeza este acto provocador del Gobierno venezolano, que se despachó con un decreto ilegal a la luz del derecho internacional, para apoderarse de una zona con alta riqueza en reservas petroleras y de paso distraer a los venezolanos de la crisis en que se encuentra.

La demanda interna se está desacelerando. De no ser por la fuerte y efectiva inversión en infraestructura de transporte, obras civiles y vivienda, la situación sería peor. Las finanzas del Gobierno están en problemas, los ingresos fiscales, amén de la tarea alcabalera, se están quedando cortos; es evidente el crecimiento del hueco fiscal, con la necesidad de buscar otras fuentes, tales como la venta de activos productivos, como el fallido deseo de vender Isagen. 

En principio, no se deberían vender activos públicos que generen ingresos permanentes, no obstante, con fórmulas como la de la Empresa de Energía de Bogotá, que vendió acciones de manera parcial, pero manteniendo el control societario económico y cediendo contractualmente el control administrativo al socio estratégico, generando mayor eficiencia y productividad y disparando las utilidades. No se puede parar el gran impulso al desarrollo con el desatraso de la infraestructura, tema liderado en hora buena por el vicepresidente Vargas Lleras.

Así las cosas, es evidente el desajuste en materia económica, lo que requiere de medidas inmediatas como el Pipe 2 y con resultados de largo plazo acompañado de reformas de fondo en educación, justicia, empleo y distribución de ingresos, para recuperar la senda de crecimiento de la economía de la última década.