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La solidaridad con los venezolanos es un deber humano. Un pueblo no puede confundirse con sus gobernantes, ni millones de ciudadanos que han sufrido las consecuencias de una crisis profunda pueden cargar con responsabilidades que corresponden a quienes tomaron decisiones desde el poder.
La reciente tragedia dejó una lección que supera la emergencia: los desastres naturales no solo miden la fuerza de la naturaleza, sino también la fortaleza o debilidad de los gobiernos. Un terremoto puede derribar estructuras, pero el impacto humano depende de la calidad de las instituciones, la prevención, la capacidad de respuesta y el cuidado permanente del Estado.
La tierra puede moverse durante segundos; la preparación para enfrentarla requiere años.
Lo ocurrido en Venezuela dejó al descubierto sistemas de prevención debilitados, escasa capacidad institucional, falta de planificación y una respuesta pública insuficiente. El problema no fue únicamente el movimiento sísmico, sino encontrar un país con estructuras de gestión deterioradas para enfrentar la emergencia.
La política no puede separarse de las políticas públicas. Es una ilusión creer que un país funciona solo con discursos, igual que una edificación no se sostiene sin columnas. La política marca el rumbo; las políticas públicas construyen el camino mediante infraestructura segura, hospitales preparados, organismos de emergencia y servicios eficientes.
El deterioro venezolano fue la consecuencia de un modelo que debilitó la empresa, desincentivó la inversión, sustituyó el conocimiento técnico por lealtades políticas y destruyó capacidades productivas. La llamada “Venezuela saudita” tampoco logró transformar la abundancia petrolera en instituciones sólidas, productividad y desarrollo sostenible. Esa pendiente se profundizó el 6 de diciembre de 1998, cuando una mayoría abrió paso a un proyecto político que cambió el rumbo del país.
En medio de esa historia sobresale una virtud admirable: la solidaridad de los venezolanos. Pero la solidaridad no puede reemplazar al Estado. La ciudadanía ayuda por humanidad; el gobierno responde por obligación. Cuando una sociedad asume las funciones de las instituciones, algo esencial está fallando.
Colombia debe aprender de esa experiencia. Ningún país está condenado al éxito ni protegido contra los errores. El desarrollo exige instituciones fuertes, seguridad, inversión, empleo y reglas claras.
El triunfo de Abelardo representa un cambio de rumbo y la recuperación de la esperanza. El nuevo gobierno tiene el desafío de corregir problemas estructurales, recuperar la seguridad, enfrentar la corrupción y evitar la impunidad.
La coherencia del presidente Abelardo parte de una premisa fundamental: el Estado debe estar dirigido por expertos reconocidos en la materia de su responsabilidad, provenientes del sector privado, con trayectoria empresarial, académica o gremial; personas que hayan construido su carrera fuera de la burocracia pública y lleguen a servir con experiencia, conocimiento y resultados. Con capacidad gerencial.
Los países avanzan cuando unen liderazgo, técnica y ejecución. La política abre el camino. Las buenas políticas públicas construyen futuro.
Y Colombia vuelve a mirar adelante con esperanza.
La consecuencia más notoria del deficiente diseño institucional es la corrupción rampante, promovida por los procesos mismos
En un momento, con mi equipo de trabajo, decidimos levantar los controles de acceso para que la entrega fuera espontánea y libre
En distintas ciudades del país, los cables aéreos se han convertido en herramientas de movilidad cotidiana, integración social y desarrollo territorial, y Bogotá es hoy uno de los ejemplos más claros
