Analistas

A rodear la infraestructura

El plan de infraestructura de Colombia ha sido calificado por expertos internacionales como uno de los más ambiciosos a nivel mundial. Son varios los factores que explican el entusiasmo. Entre los más poderosos está el retraso de más de cuatro décadas en la construcción de nuevas infraestructuras que faciliten la conectividad en nuestro país. Puesto de esta manera, y dado el peso dentro de la ecuación, es importante resaltar que este ejercicio solo es posible con la participación del sector privado.

Al margen de hechos coyunturales que el tiempo y las autoridades resolverán, es de enorme valor para el mercado y el país, que el sector privado mantenga y rodee a este sector por su enorme efecto positivo sobre la economía y dinámica que genera en otros sectores. 

Son tres los motivos que justifican la participación del sector privado en la construcción de la infraestructura. 

En primer lugar debe tenerse en cuenta que un plan ambicioso como el que ha planteado Colombia requiere inversiones por valores cercanos a $50 billones. Dichas inversiones serán ejecutadas en periodos constructivos que, en promedio, se extenderán hasta 2021. Si la inversión sobre esta infraestructura fuera el resultado de figuras propias de la obra pública el Estado colombiano debería disponer de dicha capacidad de inversión en dicho periodo. Tal anhelo es un imposible macroeconómico en los términos del marco fiscal de mediano plazo. Así lo que ha hecho la Nación es diferir dicha inversión en plazos de hasta 32 años de forma que atrayendo al sector privado puedan ejecutarse las obras en el plazo propuesto. Sin los recursos del sector privado, entonces, sería imposible siquiera iniciar el plan de construcción de infraestructura propuesto.

En segundo lugar la participación del sector privado mejora el sistema de transferencia de riesgos de las obras de infraestructura. El que la Nación entregue a un particular una concesión implica no solo que le está transfiriendo la posibilidad de explotar la infraestructura sino que le está transfiriendo también, y en términos generales, los riesgos propios de las etapas constructivas y de las etapas de operación y mantenimiento. Ello significa que ante la ocurrencia de uno de esos riesgos debe ser el particular el que asuma las cargas económicas derivadas de la misma. Los riesgos, entonces y en términos generales, son del sector privado y no del Estado.

En tercer lugar el que se estén entregando concesiones por largos periodos de tiempo (en promedio de 29 años) asegura no solo el pago del esfuerzo económico desplegado por el particular y la remuneración efectiva del esfuerzo por el desplegado, sino que permite que las infraestructuras entregadas operen en condiciones de calidad durante el periodo propio de la concesión. En la medida en que es responsabilidad del privado mantener unos altos estándares de calidad en las infraestructuras construidas debe suponerse que la calidad de las mismas se mantendrá, al menos, durante el periodo de la concesión evitándole al Estado, durante este mismo periodo, tener que invertir recursos en operación y mantenimiento de las infraestructuras concesionadas.  La inversión privada, asegura, entonces, que durante todo el periodo de concesión la infraestructura se mantenga en óptimas condiciones de operación.